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Madrid (España), 24 de noviembre de 2014. Para poder disfrutar de una buena jubilación es preciso contar con rentas suficientes para poder financiarla. Y la pensión de la Seguridad Social no va a bastar, en muchos casos.

Según un estudio titulado “El futuro de las pensiones españolas“, en 2037 se habrá incrementado desde el 29% actual hasta el 59% el porcentaje de jubilados que recibirá de la Seguridad Social sólo la pensión mínima. Este fuerte incremento es consecuencia de las reformas en el sistema llevada a cabo en 2011 y 2013 para mantener la sostenibilidad del mismo.

El estudio, que ha sido realizado por los profesores Javier Días  Giménez, del Iese Business School, y Julián Díaz-Saavedra, de la Universidad de Granada, indica, además, que la sostenibilidad del sistema público de pensiones hasta esa fecha se alcanza, entre otras razones, por la reducción del valor real de las prestaciones, esto es, de su poder adquisitivo o capacidad de compra. De acuerdo con sus cálculos, esta rebaja tendrá lugar de forma progresiva hasta que, en 2037, la pensión media sea un 20% más baja, en términos de poder adquisitivo, que la que se percibiría antes de las reformas de 2011 y 2013. Esta rebaja continuará hasta que, en 2050, la pensión sea un 34% más baja.

Todas las medidas tomadas, además, no garantizan el equilibrio permanente de la Seguridad Social. Por el contrario, según las estimaciones del estudio, a partir de 2037 volverá otra vez el problema del déficit del sistema en toda su crudeza porque a las pensiones mínimas no les afectan los mecanismos de ajuste y revalorización introducidos en las últimas reformas para contener el gasto en pensiones. En este escenario cabe esperar que se aprueben en el futuro nuevas medidas de ajuste si no se produce un milagro demográfico en forma de mayores tasas de natalidad y/o de llegada de más inmigrantes.

Las reformas de 2011 y 2013 tuvieron que llevarse a cabo debido a la tendencia al alza en el gasto de pensiones, con independencia de la crisis económica: ésta sólo ha agravado aún más el problema. Esta presión alcista se produce por el incremento del número de jubilados, por el aumento de la esperanza de vida y porque los nuevos pensionistas, al haber cotizado más dinero durante más tiempo tienen derecho a prestaciones más elevadas. Según las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de mayores de 65 años sobre la población total pasará del 20,9% en 2010 al 43,6% en 2050. A su vez, la esperanza de vida al cumplir los 65 años pasará de 17,4 años en 2010 a 23,4 en 2050.

Para afrontar esta situación, la reforma de 2011 incrementó en dos años la edad de retiro voluntario, de 61 a 63, y en otros dos la edad legal de jubilación, de 65 a 67. También aumentó el número de años de cotización para calcular la pensión de 15 a 25. Con esta última medida se reduce el importe de la prestación a percibir porque lo normal es que cuanto más atrás se vaya en el tiempo, menores habrán sido los salarios y, por tanto, las cotizaciones a la Seguridad Social, todo ello, por supuesto, ajustado según la inflación.

La reforma de 2013 aumentó en otros dos años, hasta los 65, la edad de jubilación voluntaria, a razón de un mes por año a contar a partir de 2013. Además introdujo un factor de equidad que adapta el importe de las pensiones futuras a la capacidad de pago de la Seguridad Social. Las pensiones se calculan teniendo en cuenta el total de ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social, la tasa de variación anual del número de pensiones contributivas y la esperanza de vida. También se aprobó un índice de revalorización de las pensiones, según el cual las prestaciones deberán subir como mínimo un 0,25% cada año y no podrán superar una subida igual al IPC del año anterior más un 0,50%.

Fuente: Mayores UDP

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