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Santiago de Chile, 23 de marzo de 2015. De acuerdo a las cifras oficiales, los adultos mayores representaban hace una década solamente el 4,3% de la población chilena, y ahora, este grupo etario supera el 14 %, un crecimiento significativo que confirma que Chile es una nación que está envejeciendo.

No debiera preocupar ese hecho, más si la expectativa de vida para los chilenos y chilenas ha aumentando significativamente, empinándose hoy por encima de los 78 años en el caso de los hombres y de 80 años para las mujeres. Y aunque es efectivo que diferentes problemas de salud asociados a la edad se hacen presentes, no es menos cierto que existe una población adulta mayor que reclama mayor participación en el mundo del trabajo y en todo tipo de actividad. Pero principalmente reclama justicia social, ya que reciben pensiones miserables y una suerte de demonización laboral que a muchos los obliga a estar y sentirse una carga para la sociedad y para sus propias familias.

No es casual que hoy existan municipios que cuentan con programas o departamentos especiales para atender las demandas de los adultos mayores, planes especiales para este segmento de población y una serie de medidas que se han venido implementando sostenidamente en los últimos años.

No cabe duda que los mecanismos de protección social implementados por los dos últimos gobiernos representan un gran avance, pero aún no logra la cobertura ideal para garantizar la calidad de vida de este grupo de la población. El sistema de pensiones, dada su forma, hará que tengamos a la mayor parte de los adultos con ingresos insuficientes, y los cuestionamientos al sistema previsional comienzan ya a evidenciar que los que pasan a la vida inactiva percibirán ingresos muy por debajo de sus necesidades económicas, amenazando en transformar a muchos adultos y adultas mayores en condición de jubilados, en ciudadanos y ciudadanas que vivirán en condiciones de precariedad o definitivamente de pobreza.

La implementación de nuevos criterios de protección social constituye claramente un avance. La creación de programas especialmente dedicados para satisfacer demandas de recreación y estudio, son también importantes. Aún pesa sobre nuestra realidad una tendencia a marginar a los mayores, discriminándolos de diferentes modos y en ocasiones sufriendo maltrato físico y/o psicológico, como el abandono y la falta de consideración que los excluye y margina.

La demanda de salud y alimentación necesita de un esfuerzo similar al que antes se dio a la población infantil. El peso social de los adultos mayores bien puede dar paso a una verdadera “revolución de los viejos/as”, modificando aspectos de nuestra cultura, incorporando al sentido común nuevas visiones del rol que juega en nuestra sociedad la población mayor.

Los impactos económicos que tendrá la demanda de los mayores de 60 años, debe verse en la adecuación de los sistemas de transportes, en la arquitectura, en las formas adecuadas para facilitar el acceso a derechos irrenunciables como la alimentación y la salud, en el sistema educacional, etc.

Los espacios de participación ciudadana deben ampliarse a este grupo etario y reconocer su importancia política, cultural, social y económica en nuestra sociedad. La idea de familia, conceptualmente, debe también actualizarse, de manera que en ella se fomente y apoye la integración, la consideración y terminemos con ese trato que les margina y nos impide obtener los bienes de la experiencia y conocimientos de los que son poseedores los adultos.

Para qué hablar del tema político, donde la influencia de este grupo será cada vez más decisivo y desde su silencio, bien puede sorprendernos con decisiones de voto, que rompan los criterios actuales para abordar el tema que a ellos y ellas los involucra.

Fuente: El Divisadero

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