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Ciudad de México, 19 de marzo de 2013. Los adultos mayores en México son un grupo altamente vulnerable por lo que los programas sociales dirigidos a este sector de población se han incrementado paulatinamente, tal y como señala la Secretaría de Desarrollo Social-SEDESOL.

Desde 1979, año en que se creó el Instituto Nacional de la Senectud, el actual Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores-INAPAM, hasta la década de los 90, en que en algunos estados mexicanos comenzaron programas de transferencias monetarias hacia este grupo etareo, la atención se ha pasado de esquemas de tipo asistencialista a los esquemas actuales que buscan garantizar los derechos sociales de este grupo.

En el análisis, divulgado en forma de indicadores de desarrollo social por parte de la subsecretaria de Prospección, Planeación y Evaluación de la Sedesol, se menciona que esta concepción garantista no sólo tiene como fundamento la búsqueda de la justicia social para los ciudadanos que han aportado gran parte de su vida al crecimiento y desarrollo del país, sino que está sustentada en la evidencia empírica que revela lo siguiente: con mayores recursos destinados a la atención preventiva de los síntomas de deterioro de la salud física y mental disminuyen los costos de la atención de las enfermedades crónicas y aumenta la calidad de vida en los hogares de los adultos mayores.

Por su parte, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos indica que la situación de la población adulta mayor en México da cuenta de la contundente realidad que se vive en el país y que de no atenderse tendrá serias consecuencias para una población que poco a poco se vuelve cada vez más adulta y con menos oportunidades en términos de un trabajo que posteriormente le otorgue la posibilidad de una vejez digna.

Destaca, asimismo, que hay un alto porcentaje de adultos mayores que no reciben remuneración por su trabajo, lo cual indica no sólo la dificultad de obtener empleo después de los 60 años, sino que cabe la posibilidad de que éste no sea remunerado, lo cual los coloca en un escenario de desprotección total, si es que adicionalmente no cuentan con seguridad social como resultado de su trayectoria laboral u otro mecanismo dispuesto por el Estado.

La Sedesol detalla que para el ejercicio fiscal de este año el gobierno federal buscó avanzar en las políticas que buscan hacer efectivo el derecho de las personas adultas mayores a una vida digna por lo cual amplió la población objetivo del programa “70 y Más”, con el fin de incluir a toda la población de 65 años en adelante, que viva en cualquier localidad del país y que no reciba pensiones de tipo contributivo. Este año, destaca, el programa incorpora elementos que fortalecen la participación comunitaria de los adultos mayores, con la intención de convertirlo en un instrumento para todos los órdenes de gobierno, así como para la sociedad en su conjunto.

Menciona que desde 2012 se consideraron actividades como la promoción de la protección social a través de la coordinación institucional y las acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental mediante la red social.

Fuente: La Jornada

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