Managua (Nicaragua), 3 de junio de 2014. Por Adolfo Acevedo Vogl. En las próximas décadas aumentará con inusitada rapidez el número de adultos mayores —los actuales jóvenes— en comparación al número de personas en edad económicamente activa, o lo que es lo mismo, se estará reduciendo de manera acelerada el número de personas en edad económicamente activa por cada adulto mayor.
El país corre el riesgo de adentrarse en esta etapa en una situación de ingresos laborales todavía excesivamente bajos debido a la persistencia del predominio de empleos de baja productividad.
De ser así, la carga que representará la población de adultos mayores en rápida expansión para una población económicamente activa cada vez menor se expresará en crecientes transferencias de estos últimos a los primeros que, en ausencia de incrementos suficientes en el ingreso real de los trabajadores, restringiría drásticamente su ingreso disponible en relación con sus necesidades de sobrevivencia.
Esta carga podría resultar abrumadora y podría generar no solo un agudo conflicto intergeneracional, sino también severos problemas de solvencia que pondrían en peligro el financiamiento de sistemas clave como atención de salud y seguridad social. Con el envejecimiento, el número de adultos mayores que demanda una pensión aumenta con mayor rapidez que el número de cotizantes, y el porcentaje del salario que estos aportan deberá aumentar de manera considerable para poder sostener las pensiones del creciente número de beneficiarios.
Si nada más cambia, la única opción que quedaría sería una sucesión de incrementos, cada vez más drásticos, en las tasas de cotización, aumentos cada vez mayores en la edad de jubilación, y disminuciones cada vez más pronunciadas en los beneficios. La alternativa fundamental para mantener la solvencia de los regímenes de seguridad social, sin que los costos que se impongan a asegurados resulten intolerables, sería que la cobertura de los mismos se amplíe al máximo mediante la expansión de empleos de cada vez mayor calidad y remuneración.
Desde ahora hasta entonces, la productividad media por persona económicamente activa debería incrementarse varias veces para que el número cada vez menor de trabajadores sea capaz de generar un creciente ingreso real suficiente para sostenerse a sí mismos, y a la vez asegurar niveles de vida dignos para el número en veloz aumento de adultos mayores.
Para lograrlo el país debería promover un proceso dinámico de transformación estructural y diversificación acelerada de su economía que asegure que la población económicamente activa encuentre predominantemente empleos de productividad y remuneración elevada y creciente. Ello haría posible un incremento fuerte y sistemático de los ingresos reales por cotización que permitiría hacer frente de la mejor manera al costo que representará el pago de pensiones a un número cada vez mayor de jubilados.
Por su parte, el incremento en los costos de atención en salud derivaría del hecho de que la incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas se incrementa con el envejecimiento, así como lo hace el número de visitas al médico, de medicinas consumidas y hospitalizaciones, con un gran impacto en el presupuesto de la familia del adulto mayor. Los costos de atención de salud para las personas mayores son varias veces mayores que los costos para las personas jóvenes, dado que los problemas de salud en los grupos de mayor edad asociados con enfermedades degenerativas y crónicas requieren de diagnósticos, tratamientos y medicinas que son más complejos y costosos. El financiamiento debería también expandirse para cubrir a los segmentos más pobres.
La combinación de crecientes costos y mayor uso de atención de salud lleva a mayores necesidades de financiamiento, las cuales, si no se encuentran solventadas por los aportes tributarios de una población activa con ingresos reales cada vez más elevados, generarían gravísimas brechas financieras y de atención.
Fuente: La Prensa