República Dominicana envejece rápido y sin políticas de protección social efectivas

Santo Domingo (Repúbica Dominicana), 10 de marzo de 2015. Atendiendo a la pirámide poblacional, la República Dominica es un país robusto. Actualmente dispone de un bono demográfico, lo que significa que el grueso de su población tiene entre 15 y 64 años de edad y, por ende, el país cuenta con una vigorosa fuerza de trabajo. La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) documenta que el 64,27 % de la población está en este rango y se mantendrá una trayectoria alcista al menos hasta 2030.

En general se entiende que un bono demográfico es substancialmente positivo, porque supone “una ventana de oportunidad” en la construcción de riqueza y desarrollo. Pero también es el preámbulo de una amenaza que se afianza: el envejecimiento de la población, que es otro de los rasgos que se pueden apreciar en el perfil demográfico del país.

Actualmente el 6,45 % de la población dominicana tiene más de 65 años, y la tendencia es a que este grupo poblacional se ensanche. En 2030 alcanzará el 10 % y, en 2050, el 16 %. En números absolutos, y cruzando proyecciones de la ONE, se advierte que el país tendrá  más de 1.200.000 personas mayores de 65 años en 2030 y superará los 2.108.000 en 2050.

La protección social, el desafío

El ritmo a que crece este fragmento poblacional es bastante apresurado, según las consideraciones del economista e investigador Luis Vargas, y peligroso, principalmente porque los avances en las políticas de protección social a la vejez no se producen con la misma velocidad.

El especialista sostiene que “tener una población cada vez más envejecida significa estar en la obligación de rediseñar todas las políticas públicas”, para adaptarlas a las tendencias demográficas, y esto, en la República Dominicana, no se está considerando con suficiente rigor.

El demógrafo Julio César Mejía también piensa que la que se teje es una coyuntura complicada. Identifica el principal reto que plantea el envejecimiento poblacional en las áreas de jubilación y salud, que a pesar de algunos esfuerzos siguen siendo de los puntos más frágiles de la política social dominicana.

Las llagas del primero están a la vista. El joven sistema de pensiones dominicano, aunque es escandalosamente exitoso como campo de negocios de administradoras de los fondos (AFP), está en crisis como mecanismo de protección de la vejez.

Entre los indicadores que dan una idea de su prematuro descalabro está la baja tasa de reemplazo del sistema, situada en un 40 %, lo que significa que las pensiones otorgadas van a representar, en promedio, esa proporción del último salario con que cotizó el afiliado.

Esto sería una pensión de miseria. El dato refiere que si las condiciones de jubilación se dieran hoy, y tomando como referencia el promedio cotizable registrado por la Superintendencia de Pensiones para enero de este año, que fue de18.812,00 pesos dominicanos, quienes cotizan en el sistema recibirían una pensión promedio de apenas 7.525,00 pesos.

Y esto bajo el supuesto de que los afiliados cumplan con todos los requisitos, algo muy difícil de conseguir en el modelo de capitalización individual, donde está la mayoría. Además del mínimo de edad, se necesita tener 360 meses cotizando, lo equivalente a 30 años ininterrumpidos de trabajo.

A esto se suma que el país tiene un considerable nivel de desempleo (cerca de un 14 % general y de un 30 % para los jóvenes) y un elevado nivel de informalidad (ronda el 55 %), de modo que el grueso de la población en edad de trabajar está fuera del sistema de pensiones o tiene pocas posibilidades de cumplir con los requisitos fijados para recibir pensión al arribar a la vejez.

En materia de seguridad social en salud tampoco hay un escenario que llame a la tranquilidad. Por un lado, cerca del 45 % de la población todavía carece de un seguro de salud y, por el otro, quienes lo tienen reciben una cobertura muy pobre, de modo que están precisados a asumir un elevado nivel de copago o gasto de bolsillo para tener acceso a servicios de salud.

Lógicamente, esta situación constituye el mayor escollo para las personas mayores, dado que producen menos y, por razones naturales, demandan más asistencia médica.

Este nivel de desprotección evidencia que el país no cuida a sus mayores en el presente y las señales de que lo hará en 2030, cuando sean el 10% de la población, tampoco están claras.

Vargas repara en que recientemente hubo un punto de luz, haciendo referencia al anuncio del presidente Danilo Media el pasado 27 de febrero, de que su gobierno contempla el desarrollo de proyectos para ampliar la atención en salud y la protección, principalmente para las personas mayores sin hogar o violentadas.

Sin embargo el economista precisa que, si se ejecutan, éstas serían medidas de alivio, pero están muy lejos de suponer respuestas de la misma dimensión del problema, dado que para ello sería preciso dejar cotejados al menos los puntos primarios de acceso a pensión y salud.

El bono se acaba

Por otra parte, el fin del bono poblacional se acerca. 2030 es la fecha de declive. A partir de entonces, la población en edad de trabajar empezará a descender, según las proyecciones de la ONE, y empieza a cerrarse la llamada “ventana de oportunidad” que tiene el país para crear riquezas y construir un colchón para la vejez.

El fin del bono demográfico estará determinado principalmente por el descenso en los niveles de natalidad: “El famoso bono demográfico está desapareciendo. Entre 1980 y 2015, prácticamente el tiempo de una generación, la población de 0 a 14 años pasó de ser un 42,5 % a un 29,6 %. Una diferencia de 12,9 puntos en 35 años. Eso es un fenómeno muy importante”, reflexiona Vargas.

Desde principios de la década del 2000, este fragmento poblacional no se reduce sólo de manera proporcional, sino también en términos absolutos.

A propósito de este punto Julio César Mejía dice que, en cualquier país con buena inversión en políticas públicas, el descenso de la población infantil debe suponer la liberación de recursos que se  reorientarían hacia la población de más edad, que está creciendo y también entra en la categoría de dependiente.

“El momento se puede aprovechar con políticas sociales que generen empleo y mejoren la fuerza laboral. Se supone que también es una oportunidad en la reducción de la niñez, porque los fondos que se destinan a ese segmento deben ser menos en la medida en que disminuye. Pero eso no es factible aquí porque tenemos una deuda con esa población y, al contrario, se dirige más inversión hacia esos sectores. Como son, por ejemplo, los servicios educativos, los de vacunación y salud en general”.

Piensa que estos procesos demográficos son lógicos, no representan una sorpresa para nadie y tampoco tienen por qué suponer un problema; pero lo son porque el país tiene serias deficiencias en el manejo de las políticas demográficas y sociales en general.

Apunta que eso explica que el bono demográfico no se aproveche adecuadamente y además se divise, equivocadamente, como factor que agudiza el problema del desempleo.

 Fuente: Siete Días