Piden al gobierno mexicano la firma de la recién aprobada convención sobre los derechos de los mayores
Ciudad de México, 16 de julio de 2015. Diversas organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y de la academia exigieron al Senado que el Estado mexicano firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores con perspectiva de género.
Entre las organizaciones firmantes están la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, 16 Redes de Promotores de Derechos Humanos, Enclave y Equidad Social y Transparencia, entre muchas otras que integran el Comité Intersectorial México por la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
En conferencia de prensa se informó que esta Convención, aprobada en junio pasado por la Organización de Estados Americanos, es el primer instrumento regional de su tipo en el mundo, que contiene más de 40 artículos específicos para asegurar el reconocimiento y el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores, además de que en su redacción el respaldo a la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a las personas adultas mayores.
La firma y ratificación de este documento internacional por el Estado mexicano implicaría la armonización de la legislación nacional con lo que establece dicha Convención, garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores, en términos de exigibilidad jurídica, en todo el país.
Diferentes representantes de las organizaciones firmantes denunciaron la situación de vulnerabilidad que enfrenta este sector de la población, desde el mismo núcleo familiar. Asimismo manifestaron su preocupación por la reducción presupuestaria del gobierno federal para el próximo año y que pudiese afectar a los programas de apoyo a este sector de la población, por lo que exhortaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo a respetar la leyes que garantizan ya estos derechos a los adultos mayores.
Fuente: La Jornada
