La indiferencia de las autoridades facilita el despojo de propiedades y rentas a adultos mayores
La Paz (Bolivia), 26 de octubre de 2015. La cantidad de personas mayores de 65 años que son despojados de sus bienes va en aumento. Si antes cuatro de cada 10 sufrían despojo y cuatro agresiones ahora la cifra es de cinco, con la agravante de que los adultos mayores víctimas quedan en total abandono.
El presidente de la Federación Departamental del Adulto Mayor de Cochabamba (Fedeamco), Alberto Flores Belloni, informó que en lo que va del año han recibido 1.500 denuncias de despojo, alrededor de 150 por mes. Los responsables operan en complicidad con abogados y familiares.
El representante manifestó que en los casos de despojos siempre está implicado algún familiar o conocido, que en complicidad con un abogado ofrece a la víctima legalizar su terreno para pagar impuestos o hacer algún otro trámite. Los adultos mayores entregan sus papeles o firman hojas en blanco. Posteriormente, las propiedades aparecen a nombre de los abogados o sus familiares. Flores dijo que tiene la certeza que detrás de esto operan redes de extorsión.
En otros casos son los hijos que usan el argumento de necesitar una garantía para sacar un préstamo, piden los papeles de la casa de sus padres y posteriormente transfieren la propiedad a su nombre. Luego, desalojan a sus progenitores, venden la propiedad y los llevan a un cuarto.
Otro sector vulnerable son los adultos mayores con recursos, como rentas o beneficios de jubilación. Una de las estrategias que emplean es ofrecerles terrenos o casas y concretar la venta con documentación falsa. En algunos casos se tratan de propiedades ajenas.
El dirigente del sector considera que el despojo se da por la indiferencia de las autoridades que no hacen respetar los derechos de los adultos mayores. “Estos son sólo algunos de los casos, porque hay miles que no se denuncian, porque los mayores no saben qué hacer, no conocen sus derechos o tienen vergüenza de decir que sus hijos los han despojado de sus bienes”, lamentó.
Explicó que todos estos casos de despojo están relacionados también con casos de violencia física y psicológica. En el departamento hay 350.000 adultos mayores, 75.000 viven en Cercado y de este número sólo 20.000 son jubilados y reciben su renta para mantenerse.
Reciben 17 quejas por día
La Federación Departamental del Adulto Mayor (Fedeamco) atiende 17 quejas por día, la mayoría se trata de casos de despojo de bienes, violencia física y psicológica, estafa, engaño, malos tratos en instituciones públicas, peleas o abusos del dueño de casa.
Lamentó que las mismas no sean atendidas adecuadamente por la Policía a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), la Defensoría del Pueblo, la Unidad del Adulto Mayor del municipio.
Añadió que en las zonas rurales los mayores de 65 años también son despojados de sus tierras por los dirigentes, cuando no asisten a marchas o reuniones. La Ley de Deslinde Jurisdiccional 075 establece que “las autoridades de las naciones y pueblos originarios campesinos deberán respetar los derechos humanos de las personas adultas mayores, no pudiendo ser despojadas de tierras o bienes por ninguna persona, institución o autoridad”.
Presenta propuesta de ley
Con el propósito de proteger y respetar los derechos de las personas mayores de 65 años, establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes 369 de las Personas Adultos Mayores y 1886 de Desarrollo Productivo y Participativo del Adulto Mayor en Bolivia, Fedeamco entregó a la Asamblea Departamental una propuesta de ley para que sea aprobada y beneficie al sector.
En esta propuesta, el sector plantea los derechos de los mayores y las obligaciones de familias y autoridades. El documento solicita la elaboración de políticas públicas de atención en salud, atención preferente, además de su integración social, económica, política y cultural de los mayores para brindarles una vida de calidad.
La propuesta solicita a la Gobernación implementar y promover los programas de protección, prevención, participación y atención integral. También se plantea crear programas de defensa y representación jurídica, protección, prevención, participación y atención legal.
Fuente: Los Tiempos
