Por los adultos mayores
Quito (Ecuador), 29 de marzo de 2013. Por Orlando Alcívar Santos. Si miramos hacia atrás en el calendario 15 o 20 años, y comparamos el Ecuador de hoy con el de entonces, no cabe duda de que el país ha mejorado materialmente, hay más eficientes servicios de todo tipo, mayor cobertura en salud, en educación, en comunicaciones, mayor acceso al conocimiento (solo la utilización de internet ya es una herramienta de enormes dimensiones), y también existe un mejor trato del Estado hacia los adultos mayores, que es el tema al que quiero referirme porque en los últimos días este periódico ha publicado varias cartas de lectores de la tercera edad que expresan su disconformidad por no ser adecuadamente atendidos.
La Constitución indica que los adultos mayores son personas que deben recibir “atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica”, y describe un elenco de derechos especiales –sin que su enumeración agote tales derechos– tales como la atención gratuita de salud y medicinas, rebajas en los servicios públicos y privados de transporte y espectáculos, exenciones en el régimen tributario, es decir disminución o exoneración en el pago de impuestos, y algunos beneficios más.
Manda también la Ley Fundamental que el Estado tendrá que fomentar “la participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas”, disposición que es la que menos cumple el Gobierno porque hay una especie de inclinación que se refleja en los hechos, por parte de los burócratas que deben hacer una designación o un escogimiento de empleados y funcionarios, en el sentido de hacer a un lado a gente de mayor edad aunque tengan absoluta lucidez mental y capacidad física para desempeñar una labor que, además, podría verse enriquecida por su experiencia, como es de fácil comprobación al examinar los cuadros burocráticos y aún el listado de aquellos que no dependen de un nombramiento oficial sino que prestan sus servicios por medio de un contrato.
Lo del trabajo es vital porque todos los ciudadanos conocen que las pensiones jubilares no cubren, en ningún caso, el valor que demandan las necesidades del sujeto que las percibe y menos las de su familia, por lo que ahora, a través de este artículo que no será el último sobre el asunto, quiero pedir al Gobierno, conforme lo hice reiteradamente en su momento hasta que se obtuvo, hace algunos años, la rebaja del 50% en los pasajes aéreos de los adultos mayores, que impulse en la Asamblea Nacional con su bancada de incuestionable mayoría, las reformas que requiere la mal denominada Ley del Anciano, actualizando sus normas con la incorporación de los temas que menciono, es decir con una real y tangible –no simplemente nominal y ridícula como la actualmente vigente– reducción de los impuestos prediales y de las tarifas de los servicios básicos, incluyendo en estos a los que prestan las clínicas privadas.
Ni la población ni el Estado ecuatorianos reconocen suficientemente el aporte de las personas mayores a la estructuración de la sociedad en todas su manifestaciones culturales, y como no hemos hecho hincapié constante en esos hechos, pasan desapercibidos o ignorados por todos los gobiernos, quienes tienen la pretensión de creer que el Estado nació con ellos.
La historia de los pueblos no es solo la de sus héroes que aparecen en los textos de enseñanza; también es la de los ciudadanos anónimos que han entregado su esfuerzo y su conocimiento allí donde les tocó cumplir.
Fuente: El Universo
