Adultos mayores institucionalizados: Íconos del abandono y la soledad

Salta, Argentina (20 de mayo de 2016). Por Yolanda Sángari. Los adultos mayores institucionalizados viven virtualmente abandonados y privados de derechos básicos, por negligencias del Estado y fracturas familiares.

El momento en el que los padres ya no pueden cuidarse por sí mismos y pasan a depender de los hijos resulta crítico. Es doloroso y difícil para ambas partes.

El punto crítico se alcanza cuando, por variadas y válidas razones, se plantea la posibilidad de la institucionalización del anciano, circunstancia que afecta profundamente a toda la familia y genera enormes sentimientos de culpa.

Separamos esta situación de aquellos actos indeseables que con frecuencia, lamentablemente, los viejos son institucionalizados por conveniencia e incluso a través de maniobras «non santas», despojando a sus padres de sus pertenencias y declarándolos insanos para beneficio de estos hijos, que no merecen llamarse tales. Puede que se haya llegado al punto en el que la integridad familiar esté en peligro a raíz de la enfermedad que padece el anciano y ya no se pueda sostener más la situación, por lo que eso hace que la internación sea vista como única salida y como el último recurso.

Y aquí se plantea el nudo de la cuestión. ¿Existen en Salta geriátricos que estén formalmente habilitados y funcionando de acuerdo a las normativas vigentes? Las autoridades responsables ¿realizan los controles reglamentarios? ¿A quién corresponde la obligación de atender esta problemática que hasta el momento parece haberse vuelto invisible a la vista de los responsables?

En nuestra provincia le corresponde al propio Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, ya que de éste depende la Dirección de Adultos Mayores Provincial y la Municipalidad de la Ciudad de Salta, y a su vez a ella le pertenece el organismo de la Dirección Gerontológica municipal.

La misión principal de estos organismos es trabajar por los derechos de los adultos mayores y especialmente su intervención debe centralizarse en la vulneración de los Derechos Humanos fundamentales de las personas de esta franja de edad, institucionalizada en los geriátricos dependientes de la Municipalidad de Salta y también los que dependen de la Provincia de Salta.

¿Institucionalizados o depositados?

Por «adultos mayores institucionalizados» se entiende a las personas que viven (o están depositadas) en las residencias para adultos mayores o centros geriátricos de gestión pública y privados, sujetos a control del Estado, municipal o provincial.

De la información recibida y de las observaciones llevadas a cabo acerca del accionar de estas entidades, cabe reconocer que las personas involucradas en el área de la Dirección Gerontológica municipal, hacen «lo que pueden», según los recursos humanos y materiales les permiten, quedando por ende en el medio de estos «no derechos» las personas institucionalizadas. Aquellas que padecen un injusto aislamiento familiar, asiladas en lugares indebidos, ya que dentro de ellos son asistidos indiscriminadamente sin tener en cuenta la situación particular de las personas.

Se conocen casos de personas que estando en buen estado de salud física y mental fueron institucionalizadas por sus hijos «por la edad, por no poder atenderla y no querer dejarla sola».

De esta situación en particular, las consecuencias son indeseables. La persona termina enfermando de verse despojada de su casa, de las eventuales visitas de su familia (que olvida, por ejemplo, el depósito hecho de su madre en el geriátrico) y conviviendo con otros internos que padecen diversas enfermedades como demencias seniles, secuelas de un ACV, Alzheimer, etc.

Resulta urgente que las autoridades provinciales, asignen mayor presupuesto a políticas públicas de Protección Integral de los Derechos de los Adultos Mayores, ya que existen en Salta geriátricos no habilitados funcionando y geriátricos habilitados que no cumplen con la normativa señalada, no se realizan los controles reglamentarios, con la consiguiente vulneración de los derechos humanos fundamentales de los adultos mayores, (al menos hasta la presentación formal de un amparo colectivo, citado más adelante).

 Medidas Perentorias

Por ello se ratifica la necesidad de reconvertir la organización y los controles de todas las instituciones destinadas, como última alternativa, como lugar de residencia de los adultos mayores; exigir y controlar la existencia fehaciente de equipos interdisciplinarios y personal suficiente que respondan a las necesidades de la población a la que asisten; que se contemple la posibilidad de crear y brindar como alternativa la figura de cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, centros de día, subvencionar a las familias y otros dispositivos aconsejados por organismos internacionales para la protección de los derechos de los adultos mayores. La revisión de la normativa vigente permitirá la salida de adultos mayores institucionalizados y separados de su grupo familiar para no ser discriminados en su derecho a la libertad, a la vida, a la integridad psicofísica, a la convivencia socio-familiar, a la salud, a la autonomía, a la intimidad, a la propiedad; y muy especialmente a su derecho a vivir en familia y no dentro de una institución asilar, con derecho a la inclusión social, a la igualdad y a la no discriminación. Derechos, todos estos, reconocidos y ratificados por los organismos internacionales.

La Dra. Natalia Buira, Defensora Oficial Civil Nro. 4, interpuso un amparo colectivo a la Jueza de lo Civil y Comercial de 7ma. Nominación, Dra. Beatriz del Olmo. De este amparo colectivo, se ha tomado información para este artículo, donde Buira expresa entre otras cuestiones : «hasta ahora el Estado municipal y provincial, o bien no se ocupan de los adultos mayores, o se ocupan mal, sustituyendo la voluntad de los mismos y aislándolos en geriátricos bajo el ropaje de la atención y de la protección, pero en realidad es una forma más de control social. Se pretende pasar de una política centrada en la institucionalización en geriátricos a una política cuyo eje es la prevención y la protección basadas en la inclusión en la comunidad y sustituir definitivamente los geriátricos, haciéndolo por supuesto de una manera responsable. Hasta ahora los adultos mayores son objetos pasivos de las decisiones que toman otros y no verdaderos sujetos de derechos».

Tras largos años de recorrer este tipo de instituciones, desde los públicos hasta los privados llegué a la conclusión de que no existen personas felices en esos lugares. Están aquellos donde los hijos ingresan importantes sumas de dinero para «alojar» a sus padres, donde supuestamente se les brinda una atención esmerada y también los otros, los públicos, donde todo lo que se ve,  son carencias de todo tipo. Ambos tienen un denominador común, la tristeza, la mirada ausente, desesperanzada de tanta espera frustrada por la ausencia de la visita prometida de sus seres queridos y el hacinamiento indiscriminado e indeseado. Cada uno de ellos, podemos ser alguno de nosotros. Será justicia atender esta problemática.

Fuente:  El Tribuno

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