Santiago, Chile. 14 de septiembre de 2016. Por Vivian Díaz, Investigadora adjunta de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. En nuestra sociedad el cuidado de las personas es un trabajo invisible, realizado generalmente por las familias. Sin embargo, cuando decimos familias, la mayor parte de las veces lo utilizamos como un eufemismo para decir ‘mujeres’, ya que son ellas -por amplia mayoría- las depositarias de este rol, lo elijan o no.
Estamos frente a un dilema en la organización de los cuidados. Nuestro país está envejeciendo. Actualmente la población adulto mayor llega casi a los 3 millones de personas y sigue creciendo, a la vez que nuestras tasas de natalidad han disminuido a tal punto que muy pronto nuestro país tendrá tantos jóvenes como viejos. De esta población mayor, un 20,4% tiene algún tipo de discapacidad, por lo tanto, aproximadamente 600.000 personas necesitan actualmente el apoyo de otros para sus cuidados en esta etapa de la vida (CASEN 2013).
Por otra parte, se amplían los discursos acerca de la importancia de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Estamos hablando de avanzar en igualdad de género y favorecer la autonomía económica de la población femenina. Sin embargo, esta conquista de las mujeres en los espacios públicos -que dicho sea de paso en Chile aún es menor al 50% y muy estratificada por niveles socioeconómicos- no ha ido para nada aparejada con una nueva corresponsabilidad de cuidado (CASEN 2013).
Ellas siguen siendo las primeras, y muchas veces las únicas, responsables de llevar este trabajo en condiciones que perpetúan situaciones de profunda desigualdad, interceptándose con otros aspectos, como el nivel socioeconómico, la etnia y lugar donde viven. Las mujeres más pobres son quienes quedan más marginadas de la posibilidad de tener un trabajo remunerado debido a su rol de cuidadoras.
Dado este dilema entre avanzar hacia una mayor igualdad de género, y a la vez, considerar los cuidados como un derecho, haciéndonos cargo del envejecimiento de nuestra sociedad, se instalan las preguntas: ¿Cómo avanzamos hacia la corresponsabilidad del cuidado? ¿Cómo y cuándo la sociedad en su conjunto, comenzará a mirar esta temática como un asunto de interés público y no como un problema de las familias, y más específicamente sólo de mujeres?
Es esencial que se intervenga, considerando el cuidado en su dimensión relacional y de interdependencia, tomándose en consideración las necesidades del adulto mayor en situación de dependencia y a la vez las necesidades de quien asume el rol de cuidadora o cuidador. También es crucial la consideración del territorio en el diseño y ejecución de los programas dirigidos al adulto mayor.
Asimismo, debemos cuestionar la naturalización que existe del cuidado de los adultos mayores dependientes como una materia circunscrita exclusivamente al espacio familiar y privado. Pensamos que es clave avanzar en la consolidación del Estado como garante de derechos, donde el cuidado se pueda conceptualizar como uno de ellos, con políticas que no pongan el foco solo en algunos grupos más vulnerables, sino que avancen en la comprensión del cuidado como un derecho universal.
Además, se necesita un profundo cambio cultural, donde se pueda problematizar la feminización que tiene el trabajo de cuidados en todos los niveles, tanto el cuidado informal en el ámbito familiar, como en otros espacios de intervención públicos y privados.
Fuente: El Mostrador