San José (Costa Rica), 19 de septiembre de 2013. Los dos millones de adultos mayores que tendrá Costa Rica en el 2060 ya nacieron, y deberían prepararse para el desafío al que tendrán que hacer frente como sociedad y como familias. En 1940 sólo un 46% de los costarricenses llegaba a los 60 años. Actualmente, la esperanza de vida al nacer es superior a los 80 años, la más alta de América después de Canadá. Este proceso produce un aumento vertiginoso de este grupo poblacional, que ya alcanza un 7% y que crece a un ritmo del 4% anual, duplicándose en 20 años, con un enorme efecto social y económico, en especial en los servicios de salud.
La cara menos conocida de este fenómeno es lo que se denomina el síndrome demencial o la prevalencia de enfermedades asociadas a lo que antes se llamaba demencia senil, y que pueden desarrollarse en edades tempranas. En el mundo, un 40% de las personas con 80 años sufre de Alzheimer, que se considera la epidemia del futuro, y que es el trastorno neurodegenerativo más importante y también el más costoso.
Costa Rica carece de una política pública sobre el síndrome demencial, al igual que el resto de los países latinoamericanos, los cuales han visto el envejecimiento explosivo de sus habitantes en pocas décadas, mientras que Europa lo ha venido experimentando de modo paulatino durante siglos. El Hospital de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes y el Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP) han intentado adaptarse a las necesidades de estos pacientes. Pero el impacto mayor lo sobrellevan a duras penas sus familiares.
ASCATE, entidad miembro de FIAPAM, ofrece entre sus servicios atención especializado a enfermos de Alzheimer y cuenta con un grupo de trabajo comunitario de ayuda a familiares y cuidadores de pacientes con demencia.
Nuestro país desconoce la magnitud del problema por ausencia de estudios específicos, aunque se calcula que afecta a unas 20.000 personas con algún tipo de demencia. Sin embargo, la dimensión humana y económica de esta problemática es inconmensurable. Males como el Alzhéimer, el parkinson o la demencia por derrames cerebrales implican la pérdida parcial o total de la funcionalidad física y psíquica y, por tanto, demandan atención permanente de uno o varios cuidadores y un gasto imposible de sostener para muchas familias.
En el transcurso del tiempo estas enfermedades son más costosas que las cardiovasculares, ya que un paciente de Alzheimer puede vivir durante décadas y requerir de atención la mayor parte de la jornada o ser internado en un centro especializado. La transformación de la sociedad tradicional y los nuevos patrones dominados por las exigencias laborales, el consumo y el hedonismo hacen que el grupo familiar no esté preparado para la cuota de dedicación que significa incorporar a los adultos mayores a la vida cotidiana.
Como otras enfermedades neurológicas o psiquiátricas, el síndrome demencial es poco conocido y aún arrastra numerosos estigmas y mitos culturales. Son mujeres, en su mayoría, quienes se entregan al cuidado de sus familiares, a expensas de su propia salud, si bien la mitad de adultos mayores con demencia en el Hospital Nacional Psiquiátrico han son abandonados por sus parientes, tendencia que aumenta en fechas como Navidad y vacaciones.
Países como Cuba, que viven una situación similar a la de Costa Rica, han documentado los efectos adversos de la sobrecarga de trabajo sobre los cuidadores informales, que en algunos casos desarrollan codependencia hacia los enfermos, depresión, ansiedad y dolencias físicas.
Estos estudios demuestran la importancia de la educación, el conocimiento y las redes de apoyo en el abordaje del síndrome demencial. Costa Rica, como sociedad, debe buscar respuestas colectivas a un problema de grandes dimensiones, que no puede reducirse, como en el pasado, al campo del sacrificio personal. Es preciso estimular a las autoridades e instituciones a crear políticas públicas que contribuyan a que los adultos mayores y sus familias vivan una mejor calidad de vida y estén preparados para un futuro que ya está con nosotros.
Fuente: La Nación
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