Montevideo (Uruguay), 26 de febrero de 2014. En la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, evento que tuvo lugar del 12 al 15 de agosto del pasado año en la capital de Uruguay, las delegaciones nacionales participantes llegaron a acuerdos sobre principios, áreas prioritarias, y marcos para la implementación de una agenda regional de población y desarrollo plasmados en el llamado Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Este Consenso incluye más de 120 medidas sobre 8 temas o áreas identificadas como prioritarios para dar seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo-CIPD de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo en el año 1994, con miras a una agenda de futuro para después de 2014, cuando se realizará la próxima cumbre mundial en Naciones Unidas.
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es la síntesis posible de lo que son las agendas de transformación y cambio social que recorren todas las Américas con la agenda de los derechos, en palabras del presidente de la conferencia Leonel Briozzo. Según la declaración final, se acordó aplicar “un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e intercultural en el tratamiento de los asuntos de población y desarrollo”. El texto destaca el respeto al ser humano y a la diversidad, y se pronuncia contra todo tipo de discriminación.
Una de esas áreas prioritarias identificadas y recogidas en el Consenso de Montevideo es la relativa a Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos, área en la que se adoptaron los siguientes 15 acuerdos o medidas:
– Formular políticas con perspectiva de género que aseguren un envejecimiento de calidad, tanto para las personas que viven en las ciudades como en el campo y la selva.
– Formular y ejecutar políticas, planes, y programas públicos —a todos los niveles político-administrativos- para que consideren la evolución de la estructura por edades, en particular el envejecimiento de la población, y las oportunidades y desafíos asociados a esta evolución en el mediano y largo plazo;
– Desarrollar políticas a todo nivel (nacional, federal y local) tendientes a garantizar la calidad de vida, el desarrollo de las potencialidades y la participación plena de las personas mayores, atendiendo a las necesidades de estímulos (intelectuales, afectivos y físicos) y contemplando la diferente situación de hombres y mujeres, con especial énfasis a los grupos más susceptibles de discriminación (personas mayores con discapacidad, carentes de recursos económicos y/o cobertura previsional y personas mayores que viven solas y/o no cuentan con redes de contención).
– Asegurar la incorporación y participación equitativa de las personas mayores en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas que les conciernen.
– Erradicar las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores, incluyendo todas las formas de violencia contra mujeres y hombres mayores, teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados con respecto a un envejecimiento con dignidad y derechos.
– Establecer o consolidar programas de derechos humanos que enfrenten y eliminen las violencias en la esfera pública y privada, que afectan a las personas mayores.
– Otorgar la más alta prioridad a las personas mayores en los planes de prevención, mitigación y atención de desastres, incluidas la preparación para los desastres, la capacitación de trabajadores en la prevención y atención de situaciones de emergencia y la disponibilidad de bienes y servicios.
– Formular políticas destinadas a aprovechar la oportunidad única que ofrece el bono demográfico, que incluyan de manera articulada la inversión en educación y salud y la generación de empleo decente sobre la base de la solidaridad intergeneracional.
– Adecuar las políticas de salud a los desafíos del variado y cambiante perfil epidemiológico resultante del envejecimiento y la transición epidemiológica, reforzando la lucha para erradicar las enfermedades transmisibles e implementando acciones de prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas tradicionalmente denominadas no transmisibles, pero que hoy sabemos, tienen una fuerte impronta de las influencias de las condiciones de vulnerabilidad social y económica en los primeros años de la vida de las personas. Estas políticas deben tener en cuenta especificidades de género, edad, regiones, grupos étnicos y socioeconómicos.
– Incorporar a las personas mayores como foco prioritario de las políticas públicas y como actores fundamentales en la formulación e implementación de las políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores.
– Fomentar políticas de vida activa, productiva y de ahorro que permita a largo plazo vivir el envejecimiento dignamente.;
– Favorecer el desarrollo y acceso a cuidados paliativos, para asegurar una muerte digna y sin dolor.
– Promover el desarrollo de prestaciones y servicios en seguridad social, salud y educación en los sistemas de protección social destinados a las personas mayores que avancen en calidad de vida, seguridad económica y justicia social.
– Incluir el cuidado en los sistemas de protección social, mediante prestaciones, servicios sociosanitarios y beneficios económicos que maximicen la autonomía, en particular de las personas mayores, y garanticen los derechos, la dignidad y el bienestar de las familias y las personas mayores, incluyendo el derecho a una muerte digna y bien atendida, sin ningún tipo de discriminación ni violencia.
– Ampliar los sistemas de protección y seguridad social, con perspectiva de género, incorporando a las mujeres que han dedicado sus vidas al trabajo productivo, trabajadoras domésticas, mujeres rurales y trabajadoras informales.
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