Tarija (Bolivia), 9 de marzo de 2015. Roberto (nombre ficticio), es un adulto mayor. Una de sus hijas murió, otra se fue a vivir a Santa Cruz y se quedó sólo con su hijo. No pasa un día en que éste no le maltrate verbalmente. Incluso ha llegado a agredirle físicamente, y le echó de su propia casa.
Roberto no pudo contener su llanto cuando las autoridades defensoras de derechos humanos le consultaron si eso era cierto. Las lágrimas corrían por su mejilla, y aún así él negó que su hijo le hiciera esas cosas. Sin embargo, el testimonio de su hija, quien los visita de vez en cuando, confirmó lo sucedido, y con la evaluación psicosocial se corroboró que esos sucesos eran ciertos.
Ése es sólo uno de tantos casos de adultos mayores víctimas de abusos permanentes por parte de sus familiares y de la sociedad, por lo que precisan de una normativa legal que defienda sus derechos.
Sin embargo, la representante departamental de la Defensoría del Pueblo de Tarija, Gladys Sandoval, señaló que este sector está cada vez más desamparado, ya que las instituciones gubernamentales que tienen la obligación de protegerlos quieren deslindar responsabilidades. La autoridad explicó que la situación de los adultos mayores es precaria, siendo la falta de información y de políticas públicas sobre los derechos de los mayores algunas de las razones que explicaría esta indefensión.
Lamentó además que el Centro Integral del Adulto Mayor, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social de Tarija (Sedeges), no quiera atender a personas mayores víctimas de abusos y violencia.
Sandoval informó que esa unidad le mandó una carta en la que se le pedía que no le envíen más casos porque el presupuesto se ha visto reducido y por ende el personal se había reducido a la mitad, además de que no cuentan con los medios necesarios para prestar este tipo de ayuda. Ante esta situación Sandoval señaló que si no se puede llegar a un consenso para que continúe con ese servicio, directamente el asunto lo tratará con el Gobernador del Departamento, ya que los argumentos que dio el Sedeges no son justificables para que retiren ese tipo de apoyo.
Por su parte, la coordinadora del Adulto Mayor del Sedeges, Eloísa Altamirano, reconoció que el personal que tenían disponible hasta el año pasado se redujo a la mitad, pero informó que las atenciones a los adultos mayores continúan de manera normal.
Asimismo, señaló que hasta la gestión pasada su unidad no sólo atendía a los adultos mayores, sino también a otras personas, pero en este año las máximas autoridades de esa institución decidieron que su unidad sólo recibiera a mayores. En ese sentido, manifestó que cursaron una notificación a la Defensoría del Pueblo, informando sobre esta situación.
Por su parte, la responsable de la Dirección de Género Generacional, Beatriz Vaca, indicó que la asignación de recursos afectó a todo el país, y minimizó el problema al señalar que es un aspecto al que se dará solución en el transcurso del mes.
Por otro lado, Sandoval mencionó que el municipio también cuenta con una unidad de atención al adulto mayor, pero que ésta sólo trabaja con una responsable y dos auditores, cuando se necesitan psicólogos y abogados. Es por eso que la representante de la Defensoría del Pueblo indicó que este sector está desprotegido precisamente por quienes les deberían proteger.
La coordinadora del Sedeges del Departamento de Tarija, Eloísa Altamirano, reveló que su unidad recibe al menos cuatro denuncias diarias por parte de adultos mayores. Es una cifra de casos similar a la del año pasado, que sin embargo no ha impedido al Sedeges reducir el personal de esta unidad cuyo cometido es prestar asesoría legal a adultos mayores cuyos derechos son violentados.
Fuente: El País