Ciudad de México, 21 de febrero de 2016. Por Jorge Sánchez Tello, Economista e investigador asociado de la Fundación de Estudios Financieros-FUNDEF. México cuenta en la actualidad con aproximadamente 11 millones de personas mayores de 60 años. El 80 por ciento vive algún grado de pobreza, ya sea monetaria o alimentaria.
Los ingresos de este grupo etario son bajos debido, entre otras causas, a que las personas adultas mayores que permanecen en el mercado laboral son principalmente aquellos sin pensión ni jubilación, quienes trabajan por cuenta propia o en el sector informal, en actividades que generan bajas remuneraciones. Segundo, la proporción de adultos mayores que no reciben ingresos por concepto de pensión o jubilación es alta, situación generada por un esquema de seguridad social vinculado directamente a la condición laboral y en un país donde se ha estancado el desarrollo en muchas décadas, refleja una compleja realidad.
Es importante la creación de nuevos empleos formales, es decir, en la medida en que las personas acceden a empleos asalariados y con prestaciones sociales podrían estar ubicándose en estratos más altos, lo cual parece ir de la mano con tener derecho a atenderse en ciertas instituciones de salud y a una pensión.
En México y, en general, en América Latina, las tasas de participación de las personas adultas mayores en los mercados laborales son superiores a las observadas en los países desarrollados. De acuerdo con Organización Internacional del Trabajo-OIT, en México la tasa de participación de las personas adultas mayores se ubica en 39 por ciento.
Es necesario impulsar el sistema de pensión universal en los países en desarrollo, entre ellos México, con el objetivo de cubrir el riesgo principal de las personas de no contar con recursos financieros ni activos productivos suficientes para sostener un nivel mínimo de consumo en la vejez.
La situación socioeconómica de hombres y mujeres en la vejez no se puede entender sólo desde la perspectiva del ingreso o la seguridad social. En México, como en otros países en desarrollo donde las instituciones de seguridad social no protegen universalmente a su población en la vejez, tienden a auxiliarse de la propia familia, pero también de la participación económica, la cual se desarrolla en condiciones de precariedad, o en su defecto, abandonan a los adultos mayores.
Frente a esta condición de inseguridad económica y social, la población adulta mayor en condiciones de vejez continúa siendo proclive a la explotación en el mercado de trabajo: su pobreza se extiende a los últimos años de su vida. La evidencia muestra una gran diversidad en estas condiciones en las diferentes entidades de la República, pues mientras algunas presentan un mayor desarrollo social con impacto en la situación económica de los mayores, en otras el rezago histórico sigue afectando la calidad de vida de la población, incluyendo a aquellos que alcanzaron una mayor esperanza de vida.
Esta es una de las realidades que se tienen en México y que es importante replantear para tener un mejor desarrollo económico. Es necesario crear nuevas empresas y mejorar la calidad educativa para que las personas puedan acceder a un mejor empleo, y por lo tanto, a aspirar a tener una pensión en la edad adulta. El problema es que son tantos los años de olvido en las políticas públicas hacia los adultos mayores, que no es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana.
Si en algo se ha fallado como sociedad es en relegar a los adultos mayores, porque al final de su vida productiva algo habrán aportado a la economía del país y es una pena que por tener un país donde se frenó por muchos años el crecimiento económico, hoy se paguen las consecuencias y a este paso las futuras generaciones también lo harán.
Fuente: El Sol de México