Managua (Nicaragua), 4 de octubre de 2013. Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes de Nicaragua-Ajupin exhortaron al Gobierno a conformar el Consejo Nacional del Adulto Mayor-Conan, al cual le corresponde hacer efectiva la Ley 720, y que debe estar conformado por instituciones estatales, como los Ministerios de la Familia y el de Salud, y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Donald Castillo, presidente de Ajupin, indicó que en las reuniones que han sostenido con representantes del Ministerio de la Familia no han obtenido una respuesta clara sobre cuándo va a comenzar a funcionar el Conan, alegando que el Estado no tiene los recursos suficientes para poner en marcha la Ley 720, ley que fue aprobada en mayo de 2010 y que establece los beneficios específicos para los mayores de 60 años.
Protección y garantías
Esta ley tiene como objetivo establecer el régimen jurídico e institucional de protección y de garantías para las personas adultas mayores, y entre los beneficios que contempla está que el adulto mayor pensionado por el Instituto Nacional del Seguro Social-INSS tiene un descuento del 50% en el pago sobre el monto total de las facturas de los servicios de energía eléctrica, el 30% en el pago por servicios de agua potable, y el 20 % en el pago por servicios telefónicos convencionales. Así mismo, goza de gratuidad en el transporte urbano colectivo y de un descuento no menor del 30% del valor del pasaje de transporte interurbano, aéreo o marítimo nacional, y todas las unidades de transporte deben garantizar a los adultos mayores trato preferencial en el uso de los asientos.
En el ámbito de la salud la Ley 720 establece que los adultos mayores deben “recibir atención de calidad, suficiente y preferencial en las unidades hospitalarias, centros de salud y su domicilio mediante programas de promoción, prevención, curación y rehabilitación”, así como “atención gerontológica y geriátrica en las unidades de salud pública y privada, contando con un personal especializado”.
Castillo afirmó, respecto a estas dos últimas disposiciones, que en Nicaragua ni siquiera existen suficientes especialistas en geriatría, mucho menos centros especializados para ese tipo de atención.
Fuente: El Nuevo Diario