Ciudad de México, 5 de marzo de 2015. Por Fernando Enrique Mayans Canabal – Senador del Partido de la Revolución Democrática. De los más de 70 millones de mexicanos sin seguridad social, más de dos millones son adultos mayores que viven en condiciones de alta vulnerabilidad. Dicha situación se agrava con los cientos de miles de personas en edad avanzada que se supone tienen derecho, por ley, a una pensión digna, pero ni siquiera cuentan con la mínima garantía de apoyo gubernamental por los años de servicio que han brindado al país.
Y es que la dura realidad económica y social de México ha llevado a que tres de cada cuatro adultos en edad de jubilación trabajen; incluso uno de cada cuatro mayores de 80 años se encuentra laboralmente activo en empleos informales precarios, la mayoría de las veces, sin poder terminar siquiera su ciclo formal de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social-IMSS para contar con una pensión.
Mientras esto ocurre, la demanda permanente para legislar a favor de ex trabajadores asegurados al IMSS en condiciones de vejez y desempleo y que no gozan de una pensión ha llevado a la presentación de 13 iniciativas en las Cámaras de Diputados y Senadores por legisladores de diversos grupos parlamentarios.
La mayoría de éstas ha sido desechada o dictaminada negativamente, y a finales del pasado año se presentó en el Senado una iniciativa para atender la situación que viven miles de ex trabajadores que no gozan de la protección de un ingreso en la vejez vía pensión contributiva está en riesgo de correr la misma suerte que las anteriores propuestas.
El país debe poner atención a la cruda realidad de las personas sin seguridad social. Y sin duda la situación de los adultos mayores es una asignatura que tarde o temprano cobrará dimensiones aún más preocupantes si nos atenemos a las proyecciones del Consejo Nacional de Población, las cuales indican que en las siguientes dos décadas habrá en México más personas mayores que jóvenes menores de 15 años, y tres de cada diez mexicanos tendrán más de 60 años.
Es imperativo que gobiernos, instituciones, organizaciones y el Legislativo pongamos el tema de los derechos pensionarios en la agenda de las prioridades como parte de la realidad que debemos afrontar en el México de hoy.
Imperativo también es cambiar el rumbo que está tomando, desde hace años, la vida del 80% de los adultos mayores que viven en situación de pobreza, sin seguridad social (salud, pensión, etc.), sueldo base o seguro contra accidentes y que, a pesar de ello, son pilares de las familias que luchan por una vida digna desde donde se encuentren en el país.
Más allá de la necesaria reflexión a la que estamos obligados quienes buscamos mejores condiciones de vida de los mexicanos, los resultados de los modelos económicos y las políticas públicas actuales confrontados con la realidad en los hogares de nuestra nación obligan a replantear caminos a seguir en la búsqueda de una mayor justicia social, equidad y bienestar de todos los ciudadanos.
Urge un México que atienda los problemas de sus ciudadanos más allá de los cálculos político-electorales y la imposición de modelos de país que conducen al fracaso para todos.
Fuente: La Razón