San Salvador, 1 de septiembre de 2014. El alto desempleo y la informalidad laboral están condenando a más del 70 % de la población económicamente activa del país a vivir en la pobreza cuando envejezca, pues sólo una de cada cuatro personas cotiza en una Administradora de Fondo de Pensiones-AFP, a pesar de que el resto está afiliado a una de ellas. Esto significa que sólo una persona podrá jubilarse y tener una pensión al final de su vida laboral, mientras las tres restantes estarán propensas a envejecer sin recibir un ingreso que les garantice su salud y bienestar.
De acuerdo con la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), esta baja cobertura es el reflejo del mercado laboral que tiene el país. «A mayor desempleo o informalidad, el nivel de cobertura es más bajo», explicó René Novellino, presidente de dicha asociación. Por contra, otros países como Chile y Uruguay tienen una alta cobertura previsional, rondando entre el 70 y 80 %.
Si bien el 100 % de los 2,7 millones de personas en edad productiva está afiliado al sistema de pensiones, sólo una pequeña porción cotiza o ha cotizado en algún momento de su vida.
Desde 1998 y hasta la fecha los trabajadores de las AFP están obligados a aportar un 6.75 % de su salario a su cuenta individual y el patrono debe aportar otro 6.25 %, que hacen un total de 13 % del ingreso, el cual servirá para la jubilación de una persona.
El desempleo, sin embargo, no permite ahorrar para el futuro. De acuerdo con los últimos datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), el país tiene una tasa de desempleo del 5,9 %, pero tiene un elevado porcentaje de subempleo (37 %). Además, de acuerdo con cifras oficiales, el 50 % de la población trabaja en el sector informal, lo que significa que no aporta regularmente a un sistema de pensiones.
«Estar subempleado o trabajar en la informalidad implica una precariedad de ingresos y con eso difícilmente se puede cotizar a una AFP», agregó Novellino. «El problema no es para el que está cotizando, sino para el que no tiene empleo en estos momentos», señaló.
En estos momentos, sólo uno de cada seis adultos mayores que están en edad de jubilarse goza de una pensión. Los datos oficiales muestran que de los 600.000 adultos mayores (8 % del total de la población) sólo 100.000 reciben una pensión. El dato es muy preocupante, sobre todo porque se estima que en 2050 el 30 % de la población será adulto mayor, es decir, que estará en edad de jubilarse, y si las condiciones laborales siguen como están la gran mayoría no podrá recibir un ingreso por pensión.
«Mientras las condiciones sigan así, el país siempre tendrá un gran reto de cobertura», añadió Novellino.
Desde 1998 las pensiones de los salvadoreños se manejan de manera individual, similar a una cuenta de ahorros en un banco. Y son sus cotizaciones, aportes o abonos mensuales los que van aumentando el saldo de su cuenta de ahorro personal, hasta llegar a la edad de jubilación. Pero sin un empleo fijo, es muy difícil que el ciudadano ahorre una parte de su salario para la jubilación.
El reto es para el Estado
La solución para aumentar la cobertura de pensiones está en manos del Gobierno, que debe mejorar las condiciones para que crezca la economía y existan más empleos formales.
El Banco Mundial (BM) señaló en marzo pasado que la cobertura de pensiones en El Salvador es muy baja, aún y cuando el Gobierno ha implementado un programa de la Pensión Básica Universal (PBU) que entrega 50 dólares mensuales a adultos mayores en pobreza. «Es necesario que el Estado comience a tomar medidas para aumentar el empleo formal. La mejor política de cobertura para este país es la generación de empleo», señaló.
Los últimos datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) reflejan que entre diciembre de 2013 y junio pasado hubo una disminución de 5.719 empleados cotizantes, es decir que dejaron de trabajar en el sector formal.
El número de cotizantes del sistema de pensiones también muestra un constante sube y baja del número de personas, lo que demuestra la variación que hay en el empleo formal. De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero, en enero de este año se registraban 658.454 personas cotizando regularmente a las AFP. Sin embargo, ese número cayó en junio a 653.257, es decir, 5.197 personas dejaron de aportar al sistema, muy probablemente porque se quedaron desempleadas.
En el último quinquenio el Gobierno ha establecido un programa de ayuda financiera para los adultos mayores de 70 años. En 2013 entregó una contribución de 50 dólares a más de 29 mil adultos. Sin embargo Novellino no cree que sea esa la solución, sobre todo porque para hacerlo el Estado necesita tener suficiente capacidad financiera para desembolsar una millonaria cantidad de dinero, y las finanzas públicas no hablan muy bien por las dificultades financieras que tiene el Gobierno para pagar compromisos básicos, como el pago a proveedores.
Ahorro voluntario
Por otro lado está la opción del ahorro voluntario. Según la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones una persona puede ahorrar dinero en una AFP para su futura jubilación, aunque no tenga un trabajo formal. Pero las condiciones económicas de los salvadoreños no permiten siquiera pensar que un trabajador destinará parte de su sueldo, dado que no verá ese dinero sino hasta dentro de 25 años.
Las condiciones de inversión de este dinero, además, están sujetas, hoy por hoy, a requerimientos de Estado que limitan a los trabajadores a multiplicar su dinero para aumentar su futura pensión.
Según la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el 45 % de los fondos de pensiones, es decir, los ahorros de los trabajadores, son prestados al Gobierno, que sólo paga un interés del 1% por utilizarlos. Si las condiciones de inversión cambiaran, los trabajadores tal vez se verían motivados a ahorrar más dinero con tal de ver retribuida en el futuro su inversión de hoy.
Según Novellino, aún se estudian opciones para motivar a los trabajadores a que ahorren voluntariamente.
Fuente: El Salvador