Santo Domingo (República Dominicana), 28 de diciembre de 2015. Por Yésica Ortega Lachapel La tercera edad, esa época de la vida considerada como el ocaso de los tiempos, pero que muchas personas reciben con alegría y con la certeza de haber disfrutado cada momento de su juventud y de haber servido a la sociedad.
Para muchas personas, este suele ser una de las mejores etapas de su vida, ya que disfrutan al lado de los suyos, se sienten protegidos y realizados… pero, ¿cómo es la situación de este grueso de personas en la sociedad dominicana?
A diferencia de muchos países desarrollados, en República Dominicana la historia puede llegar a ser desgarradora para quienes logran llegar a la tercera edad, pues con facilidad se vulneran sus derechos, a pesar de que están estipulados en la Carta Magna del país.
Y es que llegar a la vejez sin una pensión digna, sin seguro médico y mucho menos beneficios sociales, es “el pan nuestro de cada día” de miles de envejecientes desamparados por el Estado, el mismo que ha creado políticas para beneficios de estos, pero que muy pocas veces se cumplen.
Las condiciones deplorables en que se encuentran los ancianos en República Dominicana salta a la vista con un simple recorrido por algunas de las principales avenidas de la ciudad, donde la vista de envejecientes pedigüeños lacera, recordando la indefensión y la alta tasa de desempleo que impera en esta edad, cuando muchos no encuentran otro medio de subsistir.
Una ley que no se cumple… En el año 1998 fue aprobada la Ley No. 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente, ante la “imperiosa necesidad de eficientizar las estructuras institucionales existentes e involucrar los distintos actores sociales en la respuesta a la problemática del envejeciente”. La misma estipula una serie de derechos de estas personas, entre los cuales figuran: el derecho a permanecer en su núcleo familiar, derecho a ser protegido en caso de enfermedad, derecho al trabajo y a la igualdad de oportunidades, derecho a asociarse para promover sus derechos, entre otros, que al igual que los antes mencionados se vulneran con facilidad por la falta de implementación de políticas sociales.
Esta misma ley contiene más de 53 artículos donde se contempla todo lo relacionado con este grupo de personas en el país.
Rol de Conape.
El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente-Conape fue creado en 1998, y está avalado en la Ley 352-98, sobre Protección de los Adultos Mayores.
El 10 de febrero de 2005 fue designada, mediante decreto, Nathalie María Hernández, responsable de coordinar la puesta en funcionamiento de la entidad rectora en materia de envejecimiento, que es el Conape.
Aunque la titular del Conape insiste en que se aplican políticas para el beneficio de los adultos mayores, la situación de miles de envejecientes en el país demuestra lo contrario.
Ley de Seguridad Social. Aunque la Ley 87-01 sobre Seguridad Social establece seguros médicos para todos los envejecientes, según Nathalie María no fue hasta 2004 o 2005 cuando Conape empezó a carnetizar a los adultos mayores.
“Hasta la fecha, 571 000 envejecientes cuentan con su seguro subsidiado, de los 600 000 adultos mayores que viven en extrema pobreza”, sostuvo María, quien recientemente convocó una rueda de prensa para hacer un llamado a los “Centros de la Sabiduría” (hogares de día), centros geriátricos (asilos) y las ONG, para que los adultos mayores residentes en esos centros puedan afiliarse a la Seguridad Social de manera directa como beneficiarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa) .
Carnet de exoneración.
En el artículo 46 de la referida ley de protección a los envejecientes se explica claramente que las personas mayores de sesenta y cinco años provistas de un carnet de exoneración podrán gozar de una serie de beneficios, entre los que se mencionan un 30 % de descuento cuando utilicen transporte interurbano, un descuento del 15 % en los servicios médicos sanitarios en hospitales y clínicas privadas, exoneración total del monto que se cobre por concepto de matrícula y mensualidades en las instituciones estatales de educación, un descuento de un punto porcentual en la tasa de interés en los préstamos hipotecarios de vivienda para uso propio, y otros beneficios, pero hasta la fecha no existe registro alguno de estos carnets, por lo que simplemente se ha quedado en teoría, afectando esto a los envejecientes.
República Dominicana, el peor país para morir de América Latina.
Según una investigación publicada en el portal londinense BBC Mundo, posiciona a República Dominicana como el peor país para morir con relación a los cuidados que se reciben en la fase terminal de la vida -cuidados paliativos-.
El mismo estudio fue llevado a cabo por The Economist Intelligence Unit (EIU), el cual analizó en su último “Índice de Calidad de Muerte” cómo es la medicina paliativa en 80 países de diferentes continentes. Según se informó, para realizar esta investigación, los especialistas tomaron en cuenta cinco ‘categorías’ en medicina paliativa: calidad, accesibilidad, entorno, recursos humanos y participación de la comunidad.
El informe establece que la puntuación tan baja se debe a que “ninguno de estos países cuenta con una estrategia gubernamental de desarrollo y promoción de cuidados paliativos”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los cuidados paliativos “mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, proporcionando tratamientos para el dolor y otros problemas -físicos, psicosociales y espirituales-”.
Por ello en el país urgen políticas que tomen en cuenta este aspecto.
Al ser cuestionada sobre el particular, la directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Nathalie María, esta se limitó a decir que “esa es la opinión de ese estudio, pero no se corresponde con la realidad, no se corresponde… y no es porque somos Gobierno”.
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