Por José Sosa. Hace más de una década que en Iberoamérica hablamos de la necesidad de implementar políticas públicas para la población adulta mayor. El esfuerzo en torno a ello no ha sido menor y ha implicado la conjunción de múltiples instituciones y debates académicos, como los que están teniendo lugar en Buenos Aires en la reunión del Programa Iberoamericano de Adultos Mayores.
Se puede afirmar que en una buena parte de los países de la región se cuenta ya con políticas públicas para adultos mayores. En México, por citar un caso, se tienen instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Instituto Nacional de Geriatría. Se cuenta también con un marco jurídico conformado por una Ley Federal de los Derechos de las Personas Mayores, leyes estatales y normas oficiales mexicanas.
Ante este panorama cabe preguntarse: ¿qué hace falta para poder reportar resultados tangibles en la mejora de la calidad de vida de la población mayor? Dos son los aspectos que hay que considerar para responder adecuadamente a estas interrogantes y que se estarán analizando en la reunión de Buenos Aires de esta semana.
Por un lado, la necesidad de hacer un planteamiento distinto al que se ha hecho respecto a qué tipo de política pública se requiere. Por otro lado, el análisis de la estructura institucional necesaria para su implementación y seguimiento. Ambas cuestiones resultan relevantes y pertinentes para avanzar en la consolidación de este campo de actuación pública.
Lo primero que debe decirse es que tradicionalmente se han planteado políticas públicas para la población adulta mayor partiendo de su concepción más evidente, es decir, la de tener 60 años y más. Los programas de asistencia social, de salud, de desarrollo social, entre muchos otros, han definido que en los países en vías de desarrollo la población de 60 años y más requiere de atención específica.
Más recientemente, se han venido implementando programas y acciones más específicos en diferentes ámbitos, principalmente en el social y de la salud. Desafortunadamente no siempre estos programas y acciones fueron de la mano de los diagnósticos generados por las instituciones académicas.
Esta disociación no es un asunto menor, pues la literatura reciente ha comenzado a destacar la existencia de claras fracturas y vacíos que afectan las diferentes etapas y componentes de las políticas públicas para la población adulta mayor.
Es en este punto en el que se requiere que sociedad y gobierno definan de manera clara cuál es el interés verdadero y exacto por invertir más en el tema de la vejez y del envejecimiento.
En lo que toca a las capacidades institucionales y a los modelos de atención y servicios, la mayoría de las definiciones públicas tiende a establecer un objetivo común, pero poco claro: mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Si bien esta definición es aceptable como una expresión general de cualquier sociedad, su concreción y efectiva realización enfrenta cuando menos dos grandes retos.
De un lado, diferenciar y hacer más específico este objetivo para la población adulta mayor. Es decir, se trata de establecer una agenda y un conjunto de objetivos específicos para la población adulta mayor, diferentes en contenido y alcance a los de la mejora de vida de la población en general.
De otro lado, se requiere, sea cual sea su magnitud, que sea efectivamente implementada. Ello demanda una cuidadosa descripción de cada uno de los factores involucrados en la calidad de vida de la población adulta mayor.
Fuente: La Crónica de hoy