Morelia (Michoacán), 3 de marzo de 2016. Es notoria la discriminación y los abusos que enfrentan las personas adultas mayores en diversos espacios, por lo que es necesario fomentar un cambio cultural ante el envejecimiento, que involucre necesariamente el desarrollo de acciones de defensa y promoción de sus derechos fundamentales, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, al presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual, se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado mexicano de Michoacán.
Según Hernández Íñiguez, es necesario crear una conciencia social que rechace el maltrato y abuso que sufren las personas adultas mayores. Por eso, es de suma relevancia otorgarles asesoría jurídica gratuita, cuando se pretenda afectar sus bienes ya que, el despojo patrimonial, es una modalidad de violencia que se enmarca en un contexto de por sí alarmante, pues el 54 por ciento de las personas de 60 años o más, reportan haber sufrido maltrato por parte de su pareja, familiares o personas cercanas.
La líder del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado sostuvo que la Constitución prohíbe todo tipo de discriminación. Pero es necesario que tal criterio sea, no solo reconocido, sino también hacerlo efectivo en la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo.
Agregó que esta iniciativa propone velar por la protección de derechos de los adultos mayores, atendiendo a las necesidades de este sector vulnerable en la sociedad michoacana.
Indicó que las reformas y adiciones tienen como objetivo principal dar vida al Instituto Estatal de la Personas Adultas Mayores, reconociendo de esta manera la urgente necesidad de dar una atención primordial a las necesidades de este sector de la población, que favorecerá la instrumentación de políticas públicas transversales en su beneficio.
La legisladora por La Piedad agregó que se busca proteger los derechos de los adultos mayores, estableciendo un piso mínimo de derechos que deben ser garantizados, en materia de salud, educación, servicios sociales, apoyos económicos, etc.
Por otra parte, esta iniciativa otorga nuevas atribuciones a las secretarías de Política Social y de Salud y modifica las atribuciones del Consejo Estatal, para que asuma plenamente sus funciones de carácter consultivo y de evaluación de los programas sociales dirigidos a los adultos mayores en todas las entidades y dependencias estatales y municipales.
Finalmente, Hernández Íñiguez resaltó que se presenta un mecanismo de participación ciudadana, por el que cualquier persona podrá presentar, ante las autoridades correspondientes, una denuncia popular por actos que atenten contra la integridad física o emocional, el patrimonio o cualquier derecho en favor de los adultos mayores.
Fuente: Agencia Mexicana de Información y Análisis Quadratín