Guadalajara (México), 8 de febrero de 2016. La población de adultos mayores en México y, específicamente en el estado de Jalisco, está frente a un panorama de abandono que hasta ahora las instituciones no han podido solucionar.
En el Congreso Local del Estado de Jalisco se presentaron dos iniciativas que buscan dar respaldo a esta población jalisciense. Mientras una de éstas pretende crear la Ley de los Derechos del Adulto Mayor, la otra plantea la creación de una Procuraduría de la Defensa del mismo.
El panorama para los futuros adultos mayores, y para quienes hoy se encuentran en esa edad, es poco alentador.
Proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) señalan que a mediados de 2015 la población de 60 o más años de edad alcanzó los 12 millones de habitantes, representando 10 % de la población del país. En los años siguientes esta población se incrementará a 14,4 millones en el año 2020, y a 32 millones en 2050, a decir de las proyecciones de la propia Conapo en el 2013.
Su incremento será tal que en un lapso de sólo 35 años la población de 60 años y más habrá aumentado de manera constante hasta triplicarla.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Jalisco tiene una población de 7 millones 35 mil 682 habitantes, el 9,2 por ciento pertenece a los adultos mayores –671 mil 323 habitantes–, cuyo porcentaje tendrá un incremento a 18 % para el año 2030.
Más necesidades, menos ingresos
El envejecimiento poblacional debe preocupar a las instituciones pues puede generar un impacto económico. Cada vez se verán a más personas de 65 años y más pasar a la inactividad económica.
Por su propia condición biológica, esta población demanda mayores servicios de salud, además de necesidades específicas de transporte, vivienda, educación, esparcimiento y seguridad económica.
Números del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelaron en el 2012 que 61 % de la población mayor de 65 años era pobre, 8,5 vivía en extrema pobreza, y 37,4 en pobreza moderada. A ello hay que unir que cerca de 8,6 millones de adultos mayores no cuenta con ahorros para tener una pensión digna.
Además, datos del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, indican que a pesar de que México es la segunda economía latinoamericana sólo paga pensiones a 25 % de sus más de 11 millones de adultos mayores en todo el país.
Este panorama ha significado un sombrío abandono para este sector de población. De acuerdo con el director general de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, 10 % de los adultos mayores en Jalisco vive en condiciones de abandono.
En Jalisco actualmente existen 127 asilos, que albergan a mil 700 ancianos. Los gastos por persona varían de entre 800 hasta 20 mil pesos mensuales (entre 44 y 1084 dólares). Aunque el panorama refleja que son pocos quienes pueden costear dichos servicios.
El actual secretario de Salud Jalisco, Jaime Agustín González Álvarez, había reconocido anteriormente que las condiciones de abandono por parte de la familia se daban incluso en los servicios de salud de Guadalajara.
“Llegan (los adultos mayores), los dejan por alguna enfermedad, como neumonía o úlceras de presión, los atendemos y la familia desaparece”, señaló González Álvarez.
La familia, la vecindad y los sistemas pensionarios son los que se convierten en soportes para que las personas sobrelleven una vejez digna.
Demandan partida especial
El reto principal para el Estado radica en la necesidad de implementar políticas públicas en el ámbito de los servicios de salud, dada la demanda creciente en la atención de la población de 60 años y más.
El pasado 12 de enero la diputada local, Rocío Corona Nakamura, presentó la iniciativa para crear la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Jalisco. Dicha propuesta busca que el Gobierno de Jalisco esté obligado a prever en su proyecto de presupuesto de egresos los recursos necesarios para la atención integral. Junto a los Ayuntamientos, que deberán prever recursos para los programas institucionales enfocados a esta población.
También se busca crear medidas de fortalecimiento económico para que las pensiones de las personas de 65 o más años no puedan tener una partida presupuestaria inferior a la ejercida los años anteriores. A esto hay que unir que el servicio de transporte colectivo de pasajeros sea gratuito para esta población y “Estancias de Día” que deberá ofrecer el Sistema DIF Estatal.
De la misma forma la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf) deberá otorgar créditos fiscales y descuentos en sobrecargos. Al mismo tiempo que la iniciativa plantea que esta dependencia reserve plazas laborales acordes a sus condiciones físicas y sus capacidades.
Esta iniciativa viene respaldada por otra, de la misma diputada local, que plantea la creación de una Procuraduría para la Defensa del Adulto Mayor.
Esta sería una institución con “el compromiso de orientar, asesorar y asistir gratuitamente en materia legal cualquier asunto en el que el adulto mayor tenga interés jurídico directo”.
En esta institución también se atenderían las denuncias referentes a la violación o incumplimiento de las disposiciones jurídicas de la anterior iniciativa presentada, realizando visitas domiciliarias en albergues y asilos públicos y privados para hacer verificaciones de su estado.
Al mismo tiempo que esta Procuraduría trabajaría con la Fiscalía General del Estado de Jalisco en los casos donde los adultos mayores sean víctimas de cualquier conducta tipificada como delito.
Todo esto con el planteamiento de que la Procuraduría del Adulto Mayor tendría únicamente un presupuesto de 3 millones de pesos, poniendo de ejemplo el mismo monto que es recibido por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco.
Es así como de cara a las frágiles condiciones de vida que enfrenta un amplio porcentaje de la población adulta mayor el Congreso Local se pugna para que estas iniciativas rindan frutos ante una severa problemática nacional.
Fuente: Reporte Índigo