El pasado jueves 28 de febrero de 2019, se llevó a cabo en Medellín (Colombia), la primera jornada académica para tratar el tema de la adopción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores por parte del estado colombiano, un encuentro a través del cual se pretendió establecer un marco amplio de reflexiones e información pertinente para generar conciencia acerca de la importancia y necesidad de adoptar, por parte del Estado colombiano, las disposiciones emanadas desde dicha Convención.
El encuentro ha sido promovido por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Mayores (FIAMPAM) secretariado nacional en Colombia, en alianza con la Dirección Técnica del equipo de personas mayores (AMAUTTA) de la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín; y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.
Jonathan Alejandro Murcia, experto de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, lo tiene claro: “El objetivo final de este proceso consiste en hacer un ejercicio de movilización social de las organizaciones y las instituciones que trabajan con los adultos mayores y de los mismos adultos mayores, para hacer una solicitud respetuosa pero con carácter de urgencia y de importancia, a que el Estado colombiano cumpla esa meta que tiene, de refrendar o firmar primero y luego de acoger la Convención Interamericana, mediante una Ley de la República para que esta Convención entre a hacer parte del bloque de constitucionalidad, garantizando con ello, derechos específicos para las personas mayores”.
Este primer encuentro se realizó en compañía de líderes, lideresas y participantes del Club de Vida de la comuna 1 de la ciudad, con quienes se estuvo socializando y discutiendo los respectivos argumentos sobre los que está soportada la necesidad de que la Convención sea ratificada y adoptada por parte del Estado en Colombia.
Murcia defendió que las ventajas de adoptar la Convención Interamericana por parte del Estado colombiano son muchas. “En primer lugar, contar con un instrumento jurídico de nivel internacional con carácter vinculante, que no solamente obligue al Estado colombiano a cumplir, digamos con labores internas de ajustes de sus normativas y de sus políticas públicas, sino que también se vuelve una herramienta jurídica para poder desarrollar otro tipo de instrumentos normativos o de programación y planificación. Es decir, es fortalecer jurídicamente, normativamente desde el nivel internacional y desde el bloque de constitucionalidad al Estado colombiano para poder alcanzar los objetivos de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez”.