San José (Costa Rica), 20 de marzo de 2015. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) reporta un total de 150 adultos mayores abandonados en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS), pero la falta de recursos impide solucionar el problema.
La mayoría de estas personas son dejadas en los servicios de emergencias de los centros médicos, algunos sin documentos, lo que imposibilita a los hospitales conocer su identidad.
Según Zulema Villalta, presidenta de la entidad, estas personas en su mayoría presentan enfermedades como Alzheimer, Parkinson o demencia senil, lo que obviamente aprovechan sus familiares para dejarlos en el olvido, seguros de que no los contactarán. Y esto se sigue presentando pese a las campañas de concientización que se han hecho.
“No es el Estado el único responsable…. La mayor parte de las personas que quedan en abandono no recuerdan a sus familiares o lo que es peor: no quieren recordarlos. Son situaciones graves, dolorosas, uno se siente impotente con las manos amarradas de no poder dar esa respuesta inmediata y efectiva (…) muchas veces hemos logrado encontrar la cédula de la persona pero otras veces no”, indicó la presidenta.
Villalta aseguró que en el 2014 la cifra de abandonados en los hospitales era de 155 pero debido a sentencias de la Sala Constitucional, se tuvieron que reubicar cinco de ellos en hogares de ancianos, algo que lamentablemente no se puede hacer con todos por falta de espacio y de recursos.
“Si un adulto mayor que es autosuficiente, que puede movilizarse cuesta alrededor de 455 mil colones su estadía en los hogares de ancianos por mes, estos abandonados en los hospitales presentan la grave situación de estar encamados y demenciados, la atención de esta población requiere de la participación de psicólogos, de terapeutas porque el hecho de haber estado tanto tiempo abandonados trae serias consecuencias en las etapas de movilización”, detalló la funcionaria.
De acuerdo con la presidenta, los espacios en los hogares de ancianos que son públicos también están agotados, por lo que no se pueden ingresar a más adultos mayores abandonados. Esto obliga a mantenerlos en la CCSS haciendo uso de recursos que podrían ser requeridos por otros.
El Hospital de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes es uno de los que más presenta datos de abandono, según Villalta porque los familiares saben que en él no le van a negar la atención al adulto.
“Llegan y los dejan en la sala de emergencias sin ningún papel, primero se atiende y después se preguna. Gracias a Dios contamos con el Hospital de Geriatría, que al menos tienen la sensatez y no como otros servicios de otros hospitales donde no los atienden si no saben con quién están hablando o si están asegurados o no. Muchas veces los internan con todos los documentos pero dan direcciones falsas”, dijo Villalta.
Abandono en las calles
Pero lamentablemente no sólo en los centros médicos se presentan este tipo de situaciones. El Conapam también tiene casos de adultos mayores abandonados en grupos, viudos, personas que nunca se casaron o fueron olvidados por sus hijos, que viven totalmente solos y en condiciones precarias.
“En abandonados de calle de enero a marzo hemos recibido 11 denuncias (…) Tuvimos un caso de una persona que se aferraba a su ranchito, donde convivía con siete gatos, en condiciones deplorables. No entiende uno cómo un ser humano puede permitir que otro viva en esas condiciones de convivencia entre excremento (…) Si tuviéramos mayor presupuesto para red de cuido, esta señora no tendríamos que sacarla de su entorno, se le contrata un cuidador domiciliar que le asista”, afirmó la presidenta.
Actualmente existe una lista de espera de 22 mil personas en condiciones de pobreza extrema que requieren de la red de cuido para ser atendidos. Este servicio se les está dando a 12 mil adultos mayores, pero por falta de recursos no se puede extender a más.
Imagen ilustrativa
“Tenemos 22 mil personas adultas mayores en pobreza extrema y 70 mil en pobreza. La diferencia de un escenario a otro no es nada, cuando hablamos de una persona que necesita pañales y suplemento alimentario, estamos hablando de que la necesidad no se mide en la cantidad de dinero que diferencia, 46 mil colones de ingreso para pobreza extrema a 96 mil colones para pobreza (…) El país está en grave crisis humanitaria que merece y necesita ser atendida”, añadió Villalta.
La Ley 7319 en su Artículo 11 establece que la Defensoría de los Habitantes debe velar por la protección de las personas adultas mayores y para ello, deberá estar abierta las 24 horas, todos los días del año para asegurar la no discriminación de los mayores así como la exigencia de trato preferencial. Sin embargo, la entidad asegura que no se tienen los mecanismos para mantener abierta una oficina siempre, además de que no es competencia directamente.
Juan Manuel Cordero, defensor adjunto, aseguró que con el “buen trabajo” que se ha hecho de concientización, los adultos mayores saben que donde tienen que interponer las denuncias es en el 9-1-1 y no en la Defensoría directamente.
“El 9-1-1 deriva las llamadas para la atención, sea de la Cruz Roja, de la CCSS o de la Policía. Ahí es donde los adultos mayores encuentran la primera respuesta ante un eminente peligro (…) Nosotros no tenemos ambulancias ni tenemos patrullas, ni tenemos autoridad de policía para intervenir en esos casos. De ahí que efectivamente el mandato de la institución, al no hacer de administración activa, se deriva esa función en los prestatarios especializados y que tienen competencia. ¿Qué hace un adulto mayor llamando a la Defensoría a las 3:00 de la mañana porque tiene un caso de agresión? Porque nosotros no tenemos siquiera autoridad para intervenir”, añadió Cordero.
El defensor aseguró que la apertura de una oficina para atender denuncias las 24 horas no es necesaria, cuando en realidad se deben hacer otras cosas.
“La Defensoría, en lo que se ha concentrado –y son parte de los mandatos específicos que el legislador le dio a esta institución- es la función de promoción y divulgación de derechos (…) Yo no diría que está incumpliéndose o está de más, la ley está para cumplirse, tenemos un protocolo de atención para las personas adultas mayores donde todos los funcionarios están absolutamente sabidos qué debemos realizar cuando entran llamadas de esta naturaleza, tenemos teléfonos abiertos en Semana Santa, en fin de año para atender esas llamadas. No es si hay una oficina o no, ese no es el problema, el tema del adulto mayor en el país lo que refiere es una cultura de protección en materia de derechos humanos y una cultura de garantía de esos derechos”, finalizó Cordero.
Ambas instituciones hacen un llamado para que en época de Semana Santa se les dé más atención a esta población, debido a que es cuando más se presentan casos de maltrato y abandono, por ser periodos vacacionales.
Fuente: CRHOY