Managua (Nicaragua), 23 de marzo de 2016. Por Adolfo Acevedo Vogl es licenciado en economía y coordinador de la Comisión Económica de la Coordi‐nadora Civil. Con alguna frecuencia se considera que la raíz de los déficit del Instituto Nicaragüense del Seguridad Social-INSS se encuentra en un exceso de gastos administrativos y que, al reducirse estos, los déficit desaparecerán.
Sin embargo, de acuerdo con el Presupuesto del INSS para 2016, esta entidad va a congelar su nómina salarial y va a dejar de pagar los dos aguinaldos que ha venido entregando a sus trabajadores. También se va a contener el crecimiento de la compra de bienes y servicios, especialmente los servicios de salud.
Pero esto solo logrará, en el mejor de los casos, que el INSS obtenga un superávit temporal en 2016, pero a partir de 2017 se reanudará la generación de déficit, de tal manera que para alrededor del año 2024 el INSS habrá agotado su fondo de reservas, y será insolvente.
Este escenario no cambiaría mucho aunque se proyecte que los gastos administrativos se reducen hasta llegar a representar un 6 % de los ingresos. Esto significa que los gastos administrativos no son la raíz fundamental de los desequilibrios que conducirán a ese desenlace.
Los numerosos estudios actuariales que se han hecho muestran, en base a las proyecciones demográficas del país y la estructura de edades de los actuales afiliados, que la masa de pensiones a pagar crecerá con una mayor rapidez en el futuro próximo, mientras que el crecimiento de la población económicamente activa, que alimenta el crecimiento de los afiliados activos, comenzará a desacelerarse.
Detrás de estas proyecciones se encuentran dos hechos clave. Primero, que el proceso de envejecimiento comenzó a acelerarse, y en el futuro próximo se acelerará mucho más. Segundo, que la mayoría de los empleos que genera la economía son empleos precarios, de muy baja productividad —lo cual explica la baja cobertura del INSS— y aun en el caso del denominado empleo formal, los salarios son, en promedio, sumamente bajos, y la densidad de las cotizaciones de los trabajadores formales, también es muy baja.
En ese contexto, lo que reflejan los estudios actuariales es el hecho de que, aun asumiendo que los gastos administrativos se mantienen en un 6% de los ingresos, al crecer la masa de pensiones a pagar a un ritmo mayor que la masa salarial de los afiliados activos, sobre la cual recaen las cotizaciones, se generarán —si nada más cambia— déficit futuros mucho mayores que los actuales, y que estos experimentarán un crecimiento de tipo exponencial.
La pensión mínima y las pensiones reducidas, cuyo objetivo es evitar la pobreza absoluta en la vejez, exacerban estas tendencias. Para estar claros, este objetivo es absolutamente justificado, pero es un objetivo que corresponde a la función de Protección Social del Estado, la cual debe ser financiada por el Presupuesto Nacional. El INSS no puede seguir asumiendo responsabilidades que representan un peso desequilibrante para sus finanzas, y que competen a la Política de Protección Social del Estado.
Pero debe quedar claro que el objetivo debe ser no solamente evitar la pobreza y asegurar el cuidado de la salud los adultos mayores que han cumplido los requisitos establecidos por el INSS.
Si la economía comienza a generar, predominantemente, empleos de creciente productividad e ingresos, y por consiguiente se expanden la productividad media de la economía y el ingreso per cápita del país a tasas elevadas, aumentará la capacidad de la sociedad nicaragüense de proporcionar a todos los adultos mayores una vejez sin pobreza.
El punto de partida para poder encarar estas tendencias, que se están convirtiendo ante nuestros ojos en una realidad del presente, es reconocer que nuestra economía, si no se transforma, estará incapacitada para hacer frente a los enormes desafíos del envejecimiento.
Fuente: La Prensa