Managua (Nicaragua), 3 de julio de 2013. Por Eddy Zepeda Cruz. La reciente situación de conflicto entre los Adultos Mayores y el Instituto de Seguridad Social quizás deba verse en sentido positivo, al evidenciar la necesidad de atender de manera integral a este segmento de la población que representa apenas un 6.5 % en estos momentos, es decir, un poco más de 360.000 habitantes. Posiblemente para el 2050 sean más del doble o triple, considerando que la expectativa de vida al nacer incrementa cada vez más y la natalidad va en disminución.
Existe una máxima que dice que de las crisis surgen las soluciones. Intentemos aplicarlo en este caso, que puede servir de ejercicio saludable, si se enfoca de manera propositiva. Tristemente que el ejercicio no es tan bien visto ni bien vivido por los adultos mayores que fueron víctimas de comportamientos irrespetuosos y equivocados de algunas personas que actuaron de manera muy apasionada. Pero intentemos aprender la lección, como lo hacen los cirujanos u ortopedas en los hospitales durante su etapa de entrenamiento, quienes sin accidentes no tendrían la manera de aprender a reparar fracturas o corregir traumas abdominales. Irónico pero cierto.
Al decir que aprendamos del suceso reciente con los adultos mayores nos referimos a lo siguiente: es momento de revisar por parte de los administradores de la cosa pública, sobre todo Salud y Bienestar familiar (Mifamilia), cuántos adultos mayores existen realmente en este país, qué necesidades tienen, qué necesitan para gozar de calidad de vida en materia de alimentación, recreación, cultura y todas las necesidades propias de un individuo para finalizar su existencia en este mundo.
Atender las demandas y necesidades de los adultos mayores precisa de la intervención de todos los agentes implicados, públicos, privados así como de la propia comunidad
En materia de salud, que es mi campo, necesitamos saber cuántos centros de primer, segundo y tercer nivel de tipo geriátrico existen; cuántos recursos humanos están formados en enfermería, psicología, terapias complementarias y hasta vocacionales; cuánta infraestructura material para brindar atención calificada y segura, cuantos planes de prevención y fomento existen, entre otras cosas pertinentes.
No existe en el país un solo hospital geriátrico; médicos geriatras en práctica efectiva. No existe uno solo, pues de los 4-5 formados académicamente, ninguno está contratado por el Ministerio de Salud para desarrollar planes y programas para los adultos mayores. A nivel privado tampoco existe mayor demanda.
Es rara la familia que demanda atención para un anciano, porque casi siempre resuelven en casa con acetaminofén, antigripales, emulsión de Scott y un vitamínico para que coman, además de la tafil o diazepán para que estén tranquilos, duerman, y de paso “que no molesten”.
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo deben incluirse políticas públicas que atiendan estas necesidades. Tenemos la ventaja de contar con el tiempo suficiente para ir bajo la estrategia del ensayo-error, creando planes y programas de tipo preventivo, educativo, asistencial y de fomento de salud para que en las próximas 3 o 4 décadas no estemos en una situación parecida a la que vivimos con el dengue, la malaria y las diarreas cada año, a pesar de toda la experiencia acumulada en décadas anteriores.
Nos enorgullecemos al decir que padecemos y morimos de enfermedades cardiovasculares como cualquier país del primer mundo, y se hacen inversiones millonarias (privadas fundamentalmente, para quienes el problema es un buen negocio), pero no se avanza en los problemas de morbilidad y mortalidad comunes y de costos bajos en su control, si se sistematizara su enfrentamiento como política de nación y no de gobierno.
Resumiendo en cifras, para tener una idea por dónde empezar, ese 6.5% de habitantes en lucha hoy día significa, aproximadamente: 94 mil hipertensos, 37 mil diabéticos o en vías de serlo; 30-40 mil asmáticos o respiratorios de cualquier causa; 200 mil personas con sobrepeso u obesidad y con mala calidad de vida por dicha causa; más de 60 mil personas con demencias por enfermedad de Alzheimer y otras causas, rodeados de más de 300 mil familiares que serían afectados directa o indirectamente y generando gastos para su cuidado por más de 180.000 dólares por cada paciente desde su diagnóstico hasta su fallecimiento; cantidades casi totales con factores de riesgo prevenible como sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo y otras adicciones, que pueden ser prevenibles con educación.
A esto nos enfrentamos desde ya, y a lo cual podemos vencer si se inician los planes adecuados, serios y con la participación de todos los sectores: privados, gubernamentales y la propia comunidad organizada, teniendo el cuidado de evitar enfoques que no sean los de tipo ciudadano; sin distingos religiosos, políticos, de género, etc. Recordemos que a la tercera edad vamos todos, así que preparemos las condiciones para hacerlo con dignidad.
Fuente: El Nuevo Diario