Guatemala, 16 de noviembre de 2015. Entrevista a la defensora de las personas mayores de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Teresa Maldonado.
¿Cuál es la situación que viven las personas mayores, tanto en la sociedad como en el círculo familiar?
Las personas mayores viven en una situación de inequidad y exclusión social, y esto se da no solamente a nivel social, sino que en las propias familias, donde se les va disminuyendo el valor. En cuestión de trabajo se tiende mucho a pensar que porque se tiene 60 años o más, las capacidades físicas van a ser nulas, y no podrían seguir desempeñando el puesto que tienen, y eso no es así.
Por ejemplo, en el decreto 90-86, en el capítulo que se refiere al derecho de las personas al trabajo, se dice que ninguna persona mayor en Guatemala puede ser presionada por motivos de edad para que deje su puesto de trabajo; también es muy importante siempre, en relación al trabajo, que las personas mayores estén enteradas de que lo que establece la Ley, para que hagan valer sus derechos y de esa manera no se permitan presiones.
Respecto a los beneficios, ¿existen las mismas oportunidades para todas las personas mayores?
Lamentablemente quienes tienen acceso a la jubilación representan un porcentaje mínimo de personas mayores, que se estima en un millón doscientos mil, más o menos. De esos, solamente tiene acceso un 15 o 16 % a estas pensiones o jubilaciones. Las otras personas podrían, en algún momento, optar por el aporte económico de los 400 quetzales del programa que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero por el presupuesto éste no puede darle cobertura a la totalidad de solicitudes que se tienen ahí. Y es que se tiene que esperar a que alguien fallezca de los beneficiados para poder ir incluyendo a un solicitante más.
La indiferencia hacia los mayores inicia en los hogares. ¿Por qué cree que sucede esto principalmente en las familias?
En nuestra sociedad los excluimos; creemos que porque ya están en la etapa de la vejez ellos no merecen compasión, y no es así. Las personas mayores tienen derechos, pero los derechos no envejecen. Los mayores son un pilar de la sabiduría del pueblo, y habría que darles ese respeto y valor que se merecen.
Aparte de la familia, algo muy importante es que en Guatemala no se cuenta con una política pública específica para este grupo poblacional y eso es una gran debilidad, porque los gobiernos que han estado de turno han hecho andar programas, pero no resuelven los problemas. Al final el trabajo se hace sólo para ejecutar el programa y ya se cumplió, pero queda pendiente la deuda que el Estado tiene con las personas mayores.
¿Podría decirse entonces que son utilizados y son víctimas del clientelismo?
Efectivamente, son utilizados políticamente para hacer ofrecimientos. En algún momento los políticos les dicen que ya estando en el poder les van a favorecer con apoyos puntuales que les permitan seguir participando en el desarrollo del país, y eso no es así. No llenan el cometido los pocos programas asistencialistas que hasta el momento existen.
¿Existe un ente rector para que se cumpla con la Ley?
En Guatemala no existe un ente rector en materia del tema de personas mayores porque aunque está plasmado en la Ley de Comité de Protección a la Vejez, éste nunca ha funcionado. Los gobiernos de turno nunca le han asignado un presupuesto específico para que pueda funcionar y cumplir con las acciones que tiene definidas este artículo.
¿Cómo se puede resolver esta situación?
Aquí creo que la población de personas mayores tiene que organizarse para que de verdad tengan conformado un círculo social. No sé si lo ha percibido, pero por un lado trabajan las personas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social-IGSS y por otro lado las jubiladas por Estado y las agrupaciones de personas mayores en cobertura social; eso es una gran debilidad porque no están sólo en un conglomerado, en donde ellos puedan reclamar sus derechos.
¿Qué opina sobre la falta de hogares y espacios para atender a los mayores?
Es otro tema y otra gran deuda que tiene el Estado de Guatemala. Un ejemplo es el confinamiento de estos lugares, pese a que el ente rector es el Ministerio de Salud. Ellos tienen un departamento que tiene una normativa específica para que estos lugares sean registrados y se les extienda una licencia donde hace constar la habilitación legal para el funcionamiento de los mismos.
Con esta dirección no ha sido posible tener la supervisión que corresponde. Cuando a ellos les pedimos un detalle de los hogares para personas mayores que están funcionando o un listado, nosotros al realizar un mapeo sacamos de todo el país y de estos solo dos son nacionales y después son los privados que tienen que pagar una cuota, y los otros que dicen funcionar con donaciones.
Fuente: La Hora