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Lima (Perú), 3 de julio de 2015. Durante su exposición magistral  «De la teoría a la práctica: Hacia una Política de protección social para promover la autonomía de las personas adultas mayores en América Latina«, la responsable de Programas de Servicios Sociales de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Ana Mohedano, instó a los gobiernos de América Latina a prepararse para afrontar el proceso de envejecimiento poblacional en sus países, especialmente en materia de protección social. Estas declaraciones fueron hechas en el marco del Seminario «Intercambiando experiencias sobre Políticas de Protección Social para promover la Autonomía de las Personas Adultas Mayores«, evento celebrado en Lima (Perú), el pasado día 30 de junio.

Para Mohedano son cinco los nuevos retos que platea este fenómeno del envejecimiento de la población:  observar el envejecimiento como un proceso heterogéneo; prevenir la financiación de la protección social al adulto mayor;  la seguridad económica de los adultos mayores; el acceso a servicios de calidad y la atención a las personas en situación de dependencia.

Según Mohedano, en este proceso de «envejecimiento de la vejez» ya hay un 23% de adultos mayores que superan los 80 años en Iberoamérica, no siendo precisa la edad a la que se es adulto mayor, pues depende de cada persona, país, contexto, entre otras variables y factores, para lo cual es importante que las políticas públicas de envejecimiento se adapten a cada persona y promover el envejecimiento activo, la gestión de la edad en el lugar de trabajo y la preparación a la jubilación.

Añadió que entre los retos está la salud, pues los adultos mayores requieren un mayor uso de estos servicios, si bien a menudo carecen de ingresos para costearlo, presentándose una situación de exclusión sanitaria, falta de profesionales especializados en adultos mayores y la necesidad de adaptar los servicios a las necesidades de los mayores (enfermedades crónicas y neurodegenerativas, etc.).

Por ello, destacó que es importante adaptar los sistemas de protección sociales a las necesidades de los nuevos adultos mayores (Sistemas centrados en las personas); adaptar los sistemas de protección para que sean sostenibles; mantener la cohesión social evitando brechas por edad; aprovechar el envejecimiento como motor de empleo; adaptar sistemas de salud y tratamientos.

Asimismo, es preciso fomentar el empleo formal y los sistemas contributivos; desarrollar sistemas de atención a la dependencia públicos; lograr que las personas mayores estén en la agenda política y promover la responsabilidad de adaptarse al cambio compartida por todos los agentes clav e (Instituciones públicas, organizaciones ciudadanas, empresas privadas, etc.)

Impacto significativo en el área de salud

Por su parte Paulo Saad,  Jefe del Área de Población y Desarrollo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), perteneciente a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló en su ponencia «Tendencias demográficas, proceso de envejecimiento y nuevas vulnerabilidades y riesgos en América Latina: emergentes escenarios para las políticas de protección social que aseguren la autonomía» que el impacto del envejecimiento de la población será significativo en el área de la salud, pues crece la importancia las enfermedades crónicas y degenerativas (cardiovasculares, respiratorias, diabetes, cáncer, disturbios mentales) que incrementan la incidencia de la dependencia.

Manifestó que en América Latina no se ha otorgado suficiente importancia a las intervenciones que podrían prevenir la alta prevalencia de factores de riesgo de enfermedades crónicas, ya que el 70% de los hombres mayores han fumado, 25% siguen fumando, y en promedio más del 75% de las personas mayores declaran no practicar actividad física regular.

Mencionó asimismo que al año 2050 se duplicará la cantidad de personas con dependencia moderada y severa en América Latina y que con notables excepciones, los cuidados no han sido un tema relevante en la agenda de políticas públicas de los Estados latinoamericanos que siguen transfiriendo esta responsabilidad a los hogares y familias.

Fuente: Entorno Inteligente

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