Bogotá (Colombia), 24 de marzo de 2015. Por Luis Alberto Duque. La altar informalidad laboral y otros factores como la exclusión o inestabilidad del empleo conducen a que una gran proporción de colombianos llegue a la vejez sin un ingreso. Los más vulnerables son propicios a ser excluidos del mercado laboral formal. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE el 10.5 % de la población colombiana es mayor de 60 años. De ellos el 70 % no cuenta con ningún ingreso pensional. Unos 3 millones de adultos mayores subsisten gracias al apoyo de sus familiares, subsidios estatales, la caridad o el rebusque.
De los 22 millones de trabajadores, sólo 7,7 millones (35%) aportan actualmente al sistema de pensiones, privado o público. Pero tan sólo uno de cada diez alcanzará una pensión cuando cumpla la edad requerida (57 o 62 años) y haya cotizado 1300 semanas, unos 26 años de trabajo. En las condiciones actuales el 90 % no la podrá obtener. La cobertura y exclusión del sistema es lamentable y la inequidad vergonzosa.
Actualmente hay cerca de 2 millones de pensionados de los cuales, según el procurador general, no más de 1.400.000 es del Régimen de Prima Media-RPM, que administra Colpensiones, y el 80% son pensiones de 1 a 2 salarios mínimos. Los más privilegiados son altos funcionarios del Gobierno, del Congreso y de las Cortes de justicia, quienes tienen la posibilidad de manipular el entorno político-económico a su favor, ejemplo que cunde rápidamente en otras esferas. Lo demuestra las pensiones mayores a 25 salarios mínimos, a pesar del acto legislativo 01 del 2005 que impuso ese techo en los pagos.
También recordemos el escandaloso carrusel de las pensiones del Consejo Superior de la judicatura. Rafael Pardo, ex Ministro de Trabajo, en los debates de las megapensiones en el año 2013 aseguró que en Colombia existen cerca de 1.032 pensiones por encima de los 25 salarios mínimos legales vigentes. Para completar, irónicamente, las pensiones más altas reciben el 80% de los subsidios que entrega el Estado, mientras que a la mayoría más pobre no le corresponde ni el 2%.
Ante tal panorama el gobierno nacional ha tenido en su agenda la reforma pensional, mas ahora que la OCDE, organización integrada por 34 países ricos con buenas prácticas, ha hecho polémicas observaciones en la materia y el presidente Santos aspira llevar a Colombia a este organismo.
La OCDE toca el tema tributario y la reforma pensional que parte del conocido diagnóstico de baja cobertura, informalidad laboral e inequidad. Recomienda reducir los generosos subsidios del Régimen de Prima Media, marchitar el RPM evitando nuevas afiliaciones, subir la edad de retiro, igualarla para hombres y mujeres y habilitar pensiones menores al salario mínimo, que están prohibidas constitucionalmente. Destaca y promueve los programas asistencialistas del gobierno, como Colombia Mayor y el programa de Beneficios Económicos Periódicos-BEPs.
En el sistema de los fondos de pensiones privados conocido como RAIS, Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, creado con la ley 100 de 1993, la pensión depende del capital necesario acumulado en la cuenta de cada afiliado, sin importar la edad de retiro. Pero los estudios no concuerdan y plantean tener ahorrados en promedio unos $160 millones para tener derecho a una pensión anticipada de salario mínimo. Y quienes tengan este ingreso y aporten toda una vida laboral a pensiones obligatorias, se estima que sólo tendrán ahorrado aproximadamente $100 millones, por lo que sería necesario hacer aportes adicionales periódicos u ocasionales para conseguir esta mesada, mas cuando del aporte (16% del IBC), sólo el 11.5 %, se capitaliza en la cuenta del asociado. Los fondos de pensiones agrupados en Asofondos, juntos con Fasecolda, sostienen que el Régimen de Prima Media es inviable e insostenible y proponen que todo el sistema funcione por capitalización individual manejado por los fondos privados.
Lo cierto es que el tema es muy complejo y urge una reforma pensional de cara al país, que subsane en lo posible los problemas descriptos empezando por la baja cobertura, lo que implica mejorar sustancialmente el mercado laboral formal. De lo contrario coincidiríamos con el analista Carlos A. Sandoval, profesor de la EAN: “Si el actual esquema pensional se mantiene, en 30 años, indefectiblemente, unos 8 millones de adultos mayores estarán obligados a rebuscar o mendigar su subsistencia”.
Fuente: El Diario de Otún