Ciudad de México, 10 de octubre de 2013. Por Carmen R. Ponce Meléndez, economista especializada en temas de género.
Siete de cada 10 adultas mayores en México no tienen acceso a un trabajo formal, están en la informalidad laboral y por supuesto son vulnerables por carencias sociales; 5 de cada 10 es vulnerable por ingresos. De hecho a 6 de cada 10 los sostiene la familia; sólo 2.7 reciben pensión por su trabajo; más de la mitad (56.2%) gana hasta dos salarios mínimos. Tres de cada 10 adultas mayores están en condiciones de pobreza moderada y reciben dinero por programas de gobierno; en general la mitad de las y los adultos mayores no recibe prestaciones y 3 de cada 10 no reciben ingreso.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social-Coneval, en 2012, 43.2 % de la población mexicana de 60 años y más padece pobreza multidimensional.
En la actualidad existen 6.1 millones de mujeres consideradas como adultas mayores (de 60 a 85 y más años), representan más de la mitad de este grupo poblacional y su esperanza de vida es de 77.4 años.
De 1990 a 2012 la participación relativa de adultos mayores pasa de 6.2 a 9.3%, y se espera que en 2050 sea de 21.5 %, prácticamente la cuarta parte; implica un significativo cambio demográfico (datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 y del Informe sobre pobreza, Coneval 2010-2012).
En un tema tan crucial como el acceso a pensión o jubilación se aprecia una enorme brecha de género. Más de la mitad de los adultos mayores masculinos tiene acceso, pero para las mujeres la proporción es de 11.5%, 1.1 de cada 10 adultas mayores reciben pensión o jubilación. Resultando que un número considerable de estas mujeres dependen económica y físicamente de los apoyos familiares, es decir la familia ampliada. También se reduce considerablemente su acceso a instituciones de salud como derechohabientes. Su calidad de vida se ve seriamente afectada.
Los fallecimientos en este grupo de población se producen por enfermedades crónico-degenerativas, entre las que destacan: diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares, males crónicos de las vías respiratorias inferiores, enfermedades del hígado e hipertensivas.
En conjunto, estas seis causas concentran más de la mitad (54.8 %) de las muertes ocurridas en este grupo poblacional. Uno de cada 4 adultos mayores que falleció en 2011 (22.6%) no era derechohabiente.
Hay que señalar que de cada 100 adultos mayores con discapacidad 55 son mujeres, preminencia que se presenta en todos los grupos de edad a partir de los 60 años. Además prácticamente una de cada dos mujeres mayores con discapacidad es viuda.
El Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (Enasem, 2012) reportó que para el caso de las mujeres las principales enfermedades son hipertensión arterial, diabetes, artritis, enfermedad pulmonar, infarto, así como cáncer y embolia.
Otro tema sustantivo para las adultas mayores es la violencia familiar. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (Endireh, 2011), de las mujeres alguna vez unidas o separadas de 60 y más años, 45 de cada 100 declaró haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o ex pareja.
Lo más común es el maltrato emocional –8 de cada 10 reportan un episodio de violencia–; también son víctimas de violencia económica: en 30.6% de los casos les han dejado de dar dinero y 15 por ciento manifestó que les dejaron de comprar sus medicamentos o las descuidaron cuando estaban enfermas.
Desde luego estos índices de violencia disminuyen cuando las adultas mayores “ayudan” económicamente a su hogar y cuando son ellas las que sostienen el hogar.
Para la conformación de este perfil un factor que influye considerablemente es la situación conyugal de las adultas mayores; ahí también cuenta la brecha de género, ya que es mayor el número de mujeres “sin pareja”; 4 de cada 10 no tenían pareja, pero para los hombres esta proporción era de 1.8 por cada 10, según datos de 2012.
En suma, 7 de cada 10 adultos mayores (72 %) padece vulnerabilidad social, es decir, presenta por lo menos alguna de las siguientes carencias sociales: rezago educativo, no tiene acceso a los servicios de salud, sin acceso a seguridad social, presenta deficiencias en la calidad y los espacios de vivienda, así como en los servicios básicos, y carece de acceso a la alimentación.
Todos estos indicadores llevan a la conclusión de que son muchas las mujeres adultas mayores con problemas de pobreza, desigualdad, violencia y discriminación. En una palabra, transitan en la vejez con enormes dificultades. También se puede concluir que hacen falta políticas públicas que enfrenten esta situación de manera urgente.
Bajo un enfoque de derechos integral y universal es indispensable ampliar y mejorar la seguridad social, básicamente pensiones y salud. La Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (ONU 2002), suscrito por México, dice: “Las personas a medida que envejecen deben disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política de sus sociedades. Deben tener la oportunidad de trabajar hasta que quieran y sean capaces de hacerlo, en trabajos satisfactorios y productivos, y de seguir teniendo acceso a la educación y a la capacitación”.
Fuente: El Mercurio
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