México DF, 13 de octubre de 2014. Un año después de que el presidente Enrique Peña Nieto presentara las iniciativas para elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores y crear un seguro de desempleo para trabajadores ambas iniciativas siguen sin avanzar en el Congreso de la Unión, un proyecto que, además, formó parte de los compromisos del Pacto por México.
Entre las 17 iniciativas presidenciales que aún no han sido aprobadas por senadores y diputados federales (y que representan 27% del total entregadas a legisladores en lo que va del sexenio), se encuentra un paquete de reformas de los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución, en materia de seguridad social universal.
En el proyecto, presentado el 10 de septiembre del 2013, el presidente planteaba que en la Carta Magna se establezca el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez. Asimismo, se establecía el deber del Estado de proteger los derechos de los adultos mayores mediante mecanismos de prevención y sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra, velar porque reciban servicios de salud, así como promover su integración social y participación en las actividades económicas, políticas, educativas y culturales.
Además, el Ejecutivo de Peña Nieto propuso facultar al Congreso para legislar en materia de protección de los adultos mayores, así como en materia de seguro de desempleo para los trabajadores y establecer el derecho de los legisladores federales para expedir una ley reglamentaria para dicho seguro, en la que se prevean las condiciones de financiamiento y los requisitos para acceder al mismo.
En la iniciativa presidencial se argumenta, entre otras, que las limitaciones de los programas de pensiones han generado el crecimiento, en años recientes, de diversos programas de protección social, tanto a nivel federal como local.
Sin embargo, y en relación a esos programas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha indicado que, más allá de los beneficios que muchos de ellos han generado para su población, no siempre son el resultado de un diagnóstico correcto, están dispersos en cuanto a su operación y objetivos, no cuentan con la participación de expertos en su diseño y no consideran su complementariedad o posible duplicidad con otros programas estatales y federales ya existentes.
Fuente: El Economista