Santo Domingo (República Dominicana), 10 de octubre de 2015. Por Arismendi Díaz Santana, Experto en Seguridad Social. Casi tres lustros después, la Ley 352-98 de Protección a la Persona Envejeciente, continúa siendo letra muerta. Dicha ley dispone “establecer tarifas especiales en el transporte público y en las actividades turísticas”, y ni eso han recibido los ignorados adultos mayores
Al igual que durante la última década, el país celebró el día de los envejecientes “sin pena y sin gloria”. Cientos de miles de adultos mayores, una buena parte padeciendo dolencias crónicas y/o enfermedades terminales costosas, esperan cada año que las autoridades nacionales, al menos les actualicen sus exiguas pensiones. Pero, contrario a las leyes vigentes y a un elemental sentido de justicia, ni siguiera reciben una atención oficial.
En términos prácticos, los envejecientes dominicanos son víctimas de cinco situaciones adversas:
- Una cultura extendida de desprecio e irrespeto hacia las personas mayores.
- Desprotección social, incluyendo dos leyes que no se cumplen.
- Pensiones insignificantes, y sin actualización, que los mantienen en condiciones de extrema pobreza.
- Exclusión generalizada de los planes de salud.
- Medicamentos cada vez más caros y con un alto riesgo de que resulten falsificados.
La población en edad de retiro ya llega al 9,2% de la población, alrededor de 930.000, de los cuales apenas el 13% recibe “algún tipo de pensión”. La gran mayoría sobrevive con la pensión mínima del Estado de sólo 5.117 pesos mensuales (113 dólares), monto congelado desde finales del 2004, última vez que fueron aumentadas, a pesar de que la Ley 87-01 dispone su indexación, de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC).
En múltiples ocasiones hemos señalado que en nuestro país ser pensionado es sinónimo de indigente, salvo una minoría jubilada en los Estados Unidos, y algunos grupos que tienen el privilegio de auto asignarse pensiones exorbitantes. Esta situación explica por qué la mayoría de las personas continúan confiando, y esperando, más de algún “hijo agradecido”, que de la protección oficial y/o del sistema previsional.
Conozco familias con un pensionado de 5.117 pesos cuya sobrevivencia les cuesta unos 45.000 mensual, con gran sacrificio de los hijos. En adición, estas familias tienen que enfrentar el alto costo de la educación, de la salud, de la energía eléctrica, de la gasolina, y de un ITEBIS (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios) que ya alcanza el 18 %, entre otros.
Al exponerme su situación un amigo me dijo: “somos una familia que, con ingresos limitados tenemos que cubrir las necesidades de la vieja, pero estoy seguro que acabamos de ser promovidos a la clase media, según las estadísticas oficiales”.
Poco antes del día de los envejecientes, el gobierno aprobó un presupuesto nacional para el 2016, con la ingrata noticia de que no habrá ningún aumento de las pensiones ni de los salarios. Esta es la décima vez consecutiva que el presupuesto no alcanza para tales propósitos, a pesar de que durante la década la economía creció alrededor del 60 % y el presupuesto nacional más que se duplicó.
Casi tres lustros después, todavía la Ley 352-98 de Protección a la Persona Envejeciente, continúa siendo letra muerta. Sólo un ejemplo: dicha ley dispone “establecer tarifas especiales en el transporte público y en las actividades turísticas”, y ni eso han recibido los pobres e ignorados “viejitos”.
Las organizaciones que trabajan a favor de los adultos mayores señalaron que en Bolivia, un país con una alta población indígena y con mayor pobreza, “por decisión política», el 100% de sus adultos mayores reciben automáticamente una pensión solidaria. Yo he señalado el tratamiento especial y considerado de que disfrutan los mayores de 60 años en Panamá, incluyendo jugosos descuentos en alimentos, transporte, boletos aéreos, restaurantes y atención médica, cines y actividades culturales, entre otros.
Todo luce indicar que estamos frente a un año más de espera, durante el cual, mientras unos disfrutan a plenitud de la “dolce vita” a costa de nuestros impuestos, cerca de un millón de adultos mayores continuarán padeciendo el doble flagelo de la pobreza y de la indiferencia, mientras otros miles desaparecerán de este mundo como lo que siempre fueron: un simple dato estadístico.
Fuente: Al Momento