San Salvador, (El Salvador), 13 de octubre de 2014. El actual sistema de pensiones de El Salvador no cubrirá todas las necesidades de los futuros jubilados, pues habrá personas que, con 25 años de cotización, obtendrán sólo entre 35 % y 40 % del promedio de sus últimos salarios, según indicó recientemente el ex-superintendente de Pensiones, Omar Iván Martínez. Este promedio dependerá del ahorro que cada persona alcanza en su vida laboral y como cotizante, y que ese dinero haya ganado una buena rentabilidad. Y esto último, la rentabilidad del fondo de pensiones, ha sido criticada desde la mismas Administradoras de Fondos de Pensiones-AFP, debido a que la ley los amarra a financiar pensiones del sistema antiguo (Instituto Salvadoreño del Seguro Social-ISSS e Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos-INPEP)
Para el caso, el 55 % de los 7.800 millones de dólares del fondo de pensiones está invertido en Certificados de Inversión Previsional (CIP) que solo generan una rentabilidad del 1,1 %.
En el marco de un reciente foro sobre el futuro de las pensiones Martínez dijo que el Estado debe utilizar 400 millones de dólares anuales para pagar pensiones del sistema antiguo. Esos fondos se toman como préstamo de los ahorros del sistema de AFPs.
Por si fuera poco, los Certificados de Inversión Previsional están amarrados a los vaivenes de las tasas internacionales del mercado, que desde la crisis de 2009 están bajas, que es una de las razones de por qué el Gobierno paga alrededor de 1,25 % de intereses por los títulos que el Gobierno obliga a comprar a las AFPs, cifra inaceptable si se tiene en cuenta que paga más de 6 % por los Eurobonos.
De esa manera, el Gobierno carga dos deudas: la primera, que ya había experimentado pero que no podía pagar al sistema público (ISSS e INPEP); y la segunda, con las AFPs a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
En ese sentido, cada vez que se emiten títulos del fondo de pensiones de las AFPs, se contrae una deuda a pagar en un plazo de 25 años, lo que genera un círculo vicioso de endeudamiento. Según detalla el anterior superintendente de Pensiones, Omar Iván Martínez, «esto es de nunca acabar«, debido a que si esto continúa, no sólo se está comprometiendo a la generación actual, sino también a las generaciones futuras; es decir, aquellos que cotizan ahora y algún día se pensionarán.
Actualmente, el FOP está destinado a pagar las pensiones en curso y también para «compensar los reconocimientos que se le dieron a todos los individuos que tenían un tiempo en el sistema anterior«.
Futuro incierto
Lo anterior está en línea con el Informe Mundial de la Protección Social 2014-2015, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde postula que el 48 % de los adultos mayores no disponen de una pensión, y que solo el 42 % de las personas en edad activa pueden esperar recibir pensiones de seguridad social en el futuro.
Desde antes de 1998 el Gobierno detectó que pronto ya no tendría fondos suficientes para pagar las pensiones de los jubilados del ISSS y del INPEP, por eso ejecutó la reforma para crear las AFPs, con las que se creó el sistema privado de pensiones.
Así cada cotizante ahorra en una cuenta individual propia, independiente del Gobierno. Se suponía que las AFPs invertirían los ahorros de los nuevos cotizantes en títulos valores y otras inversiones de infraestructura y grandes proyectos que ganarían tantos intereses que permitirían pagar buenas pensiones a los futuros jubilados.
Pero, en 2006, la administración Saca creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), con el cual el Gobierno tomaba ahorros de las AFPs para pagar pensiones del ISSS e INPEP.
Peso del sector informal
Por otra parte, la calidad del mercado laboral del país ha venido a impactar a aquellos que recientemente llegaron a la edad de jubilación.
De acuerdo con René Novellino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradores de Fondos de Pensiones (Asafondos), hay cerca de 600 mil adultos mayores, de los cuales solo 100 mil disponen de una pensión.
Esto trae un grave problema, ya que demuestra que cinco de cada seis adultos mayores no tienen cobertura de seguridad social para subsistir en lo que resta de sus vidas. Es decir que sólo entre el 16 y el 17 % de la población está pensionada.
«La cobertura de la seguridad social es un reflejo de la calidad del mercado laboral de un determinado país«, explicó Novellino. «En los países donde la economía tiene un mayor porcentaje de empleos en el sector formal se mira que también hay una mayor cobertura de personas dentro de los sistemas de pensiones», añadió.
Este es un problema para El Salvador, ya que el 50 % de la población económicamente activa trabaja en el sector informal y, debido a esto, hay un mayor número de adultos mayores que no están cubiertos por pensión alguna.
Novellino expone que dependerá de lo que el país haga o deje de hacer en materia de estímulos para el crecimiento económico y la generación de empleo para resolver el problema de las pensiones. Esto se debe a que a mejores salarios y mayor generación de empleo, mayor cobertura habrá. La situación no es optimista si el país continúa con tasas de crecimiento como las que tiene ahora, pues no es suficiente para generar los empleos necesarios para que las personas puedan cubrir sus necesidades de vida y cotizar. «Creo que, como país, si las tasas de crecimiento llegan a nivel de 3,5 o 4 %, que permita generación de empleo para que el sector informal se pueda emplear, entonces en esa medida la cobertura se va a mejorar«, reiteró.
Pero El Salvador ha tenido diversas deficiencias en el tema de pensiones, históricamente hablando. Muchos adultos mayores que empezaron a trabajar hace 30 o 40 años, ahora no tienen una pensión porque nunca pensaron en cotizar.
En algunos casos se debe a que muchos trabajadores, jóvenes en aquella época, preferían recibir su salario íntegro y disponer de más dinero, sin preocuparse por el futuro. En otros casos, según explica Ricardo Soriano, presidente del Comité de Trabajadores en Defensa del Fondo de Pensiones de El Salvador (Comtradefop), algunos trabajadores no realizaron una cotización organizada ni tuvieron interés en hacerlo.
Comenta situaciones en donde personas no mantenían un trabajo fijo y se movían de empleo en empleo. Esto generaba problemas porque no firmaban contratos, y sólo había acuerdos verbales entre el empleador y el empleado, motivo por el cual no cotizaban. A esto se le suma la constante migración de empleos que pudo tener un empleado, dificultando así el proceso de cotización.
Soriano dice que la gente se ha ido concientizando más sobre la importancia de las pensiones, aunque en la actualidad se siguen viendo casos de personas que piden recibir todo su salario sin querer cotizar a las AFPs o personas que prefieren entablar un acuerdo verbal de trabajo en lugar ingresar a una planilla.
Según Novellino, «en su mayor parte, cuando fueron trabajadores activos (los actuales adultos mayores), no registraron cotizaciones al sistema de pensiones vigente en ese momento, debido a las condiciones laborales bajo las cuales se desempeñaron en la mayor parte«. A esto hay que sumarle que muchas personas que se desenvolvieron en el sector informal de la economía estaban excluidos del sistema de pensiones de aquel entonces, que eran el ISSS y el INPEP.
Ahora con las AFPs las personas tienen la opción de cotizar en el sector formal, aunque esto no sucede todo el tiempo. Los analistas señalan que es importante el poder abrir la posibilidad para que personas del sector informal coticen, pero se hace muy difícil para gente que vive en niveles de subsistencia pensar en reducir sus ingresos líquidos actuales para cubrir una necesidad a futuro. Ahí es donde se encuentra otro problema, y es una de las principales razones por las que las personas no cotizan, problema que afecta a un porcentaje alto de la población.
Según la OIT el derecho a la seguridad del ingreso en la edad avanzada debería incluir una pensión adecuada, pero casi la mitad de la población de avanzada edad no percibe una pensión. Como consecuencia de esto, la mayoría de mujeres y hombres de edad, a escala mundial, no poseen una seguridad del ingreso, y al carecer del derecho a una pensión, tienen que seguir trabajando. Dicho informe detalla que en muchos casos las personas que continúan trabajando después de jubilarse perciben una mala remuneración y tabajan en condiciones precarias.
Pero el problema se extiende, afectando también a la generación de jóvenes que trabajan actualmente. La OIT declara que «en virtud de las leyes y reglamentaciones vigentes, solo el 42 % de las personas en edad activa hoy en día pueden esperar recibir pensiones de seguridad social en el futuro, siendo la cobertura efectiva incluso más baja«.
Añade que en los últimos años, varios países de ingresos medios y bajos han realizado esfuerzos con el fin de «garantizar, al menos, una seguridad del ingreso básico en la edad avanzada para todos«, extender la cobertura de los regímenes de pensiones contributivas y establecer pensiones no contributivas.
De igual manera, hay países que poseen consolidación fiscal que están reformando sus sistemas de pensiones para realizar ahorros de costos. Dichas reformas, avaladas por el Fondo Monetario Internacional, proponen el retraso de la edad de jubilación, la reducción de las prestaciones y el aumento de las tasas de cotización.
Todos estos mecanismos también han sido tomados en consideración en El Salvador. El problema es que estos ajustes determinan una menor responsabilidad estatal en garantizar la seguridad del ingreso para los adultos mayores y trasladan «gran parte de los riesgos económicos asociados con el otorgamiento de la pensión a los individuos«. Este tipo de acciones comprometen la adecuación de los sistemas de pensiones y disminuyen la capacidad de prevenir la pobreza en la vejez.
Fuente: El Salvador.com