Adultos mayores, víctimas del despojo de bienes y rentas
La Paz (Bolivia), 17 de julio de 2014. “Los hijos se adueñan de nuestro terreno y tienes que caminar como una guagua mendigando a los hijos. El que quiere nos dará y el que no, no dará ni un centavo, más bien en vez de darnos, lo poco que tenemos de renta tienen que quitarnos…”. Éste es un testimonio de una adulta mayor recogido en el estudio “Levantamiento de información sustantiva sobre los derechos de las personas adultas mayores en Bolivia”, publicado por la Defensoría del Pueblo y HelpAge Internacional.
El derecho al uso, goce y disposición de bienes y el derecho a la propiedad agraria o comunitaria son los derechos más vulnerados de los adultos mayores.
Según ha informado la Defensoría del Pueblo en el primer semestre de este año se han comprobado un total de 192 casos, de un total de 814. Uno por día en promedio. La violación de ambos derechos sufrió una drástica elevación, de 118 a 299, 153% más, entre 2010 y 2013.
A esas dos formas de expoliación se suma la apropiación de sus rentas y beneficios, sostiene la Plataforma de Atención Inmediata al Adulto Mayor (PAIAM) del Gobierno Municipal de La Paz, que recibe diez denuncias de despojo al mes en promedio de un universo de 120 a 130.
“La mayoría de los casos entran por violencia, pero a medida que se hace la investigación se descubre que había sido por la propiedad”, comentó una funcionaria de la PAIAM.
El despojo viene acompañado casi siempre del abuso de confianza y del chantaje emocional.
“Los hijos les hacen firmar documentos en blanco o poderes, con los cuales se transfieren la propiedad a su nombre. Van donde los abuelitos y les dicen que no tienen plata para sus nietos y ellos tienen que darles nomás de sus rentitas. También recurren a la violencia, les intimidan y les hacen firmar documentos con amenazas o por la fuerza”, agregó.
Éste es el caso de una mujer que le otorgó un poder a su hijo para trámites varios, pero él sin conocimiento de su madre se hizo una autotransferencia de un inmueble.
“La señora acudió a la plataforma, hemos procedido a orientarla y pudimos constituir pruebas. Estamos solicitando la nulidad de esa escritura pública, hay involucradas autoridades públicas (notario) que han dado fe a un documento sin haber cumplido los requisitos. Después, procedería la nulidad en Derechos Reales”, explicó el abogado de la PAIAM.
La anciana fue expulsada de su casa y para retornar tendrá que esperar a que termine el proceso civil. “El despojo es un proceso privado, la mayoría de las instituciones públicas no tiene atribución para resolver este problema; sin embargo, somos una instancia para constituir prueba vía informes sociales y psicológicos”, añadió. Pero el tiempo juega en contra de los adultos mayores. Los procesos judiciales son sumamente largos, “porque no existe en el acceso a la justicia celeridad en los procesos” y mientras se sustenta, a menudo llega primero la muerte, comentó Marco Lucero, responsable Nacional de Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Defensoría.
Un proceso por despojo puede demorar entre cinco o diez años, igual en el caso de tierras, esto por los plazos del Código Civil y la ley agraria, agregó.
Cuantos más años tiene un adulto mayor, más elevada es la vulnerabilidad, aunque si padece Alzheimer o Parkinson aun con 60 estará indefenso.
“Los adultos mayores son víctimas de maltrato o violencia psicológica del entorno más cercano. Hijos y parientes hacen una especie de círculo cuyo fin último es la expulsión de la casa y el despojo de sus bienes y rentas”, relató Teófila Guarachi, representante de la Mesa Defensorial del departamento de La Paz.
¿De qué argucias se valen para conseguirlo? “Les hacen firmar documentos en blanco, algunos no saben firmar, entonces les hacen poner sus huellas digitales”.
Y para ejemplificar el grado de esta forma de abuso contra los adultos mayores en Bolivia, Guarachi informó que entre enero y agosto de 2013 la plataforma de atención a este grupo vulnerable en la ciudad de El Alto atendió 1.408 casos de diversa índole, de los que 259 corresponden al despojo de bienes (18%).
En el área rural, donde prevalece la justicia originaria campesina, esta situación es todavía más compleja.
“Estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Justicia para hablar con las autoridades y hacerles conocer los límites, la justicia originaria campesina no puede llegar al extremo de violar los derechos de las personas”, dijo Guarachi.
La Ley de Deslinde Jurisdiccional establece que “las autoridades de las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas deberán respetar los derechos humanos de las personas adultas mayores, no pudiendo ser despojadas de sus tierras o bienes por ninguna persona, institución o autoridad, por causas o argumentos referidos al incumplimiento de deberes comunales como cargos, aportes, trabajos comunitarios, función social de la tierra u otros (…)”. Pero en los hechos, eso no se cumple.
Para elaborar el informe la Defensoría y HelpAge entrevistaron a autoridades indígenas originarias. El 57% dijo que “no suele presentarse el despojo de tierras y que si la persona está muy avanzada en años, las autoridades del lugar suelen acordar con los hijos o parientes que se hagan cargo de sus tierras”.
Sin embargo, “las opiniones y percepciones de las personas adultas mayores ante el trato que reciben en sus comunidades de origen —dice el estudio— muestra que sus derechos son vulnerados constantemente y en muchos casos por sus propios hijos”.
Lucero, de la Defensoría, explicó que cuando una parcela ya no cumple la función económica social por la edad del propietario, las autoridades originarias disponen que sean sus hijos los que se encarguen de la labranza y cumplan con las obligaciones comunales.
El funcionario defensorial puso sobre la mesa un cuarto problema: inquilinos y anticresistas que abusan de los adultos mayores y no pagan el alquiler o los servicios, aquellos que se resisten a dejar la casa y hasta quienes recurren al asesinato.
Fuente: La Razón
