Preocupa la falta de lineamientos que regulen las pensiones no contributivas
México, D.F., 16 de diciembre de 2015. Los programas del Gobierno mexicano para ayudar a la vejez están fragmentados. Lo anterior impide dar un cobertura completa a los adultos mayores que no tienen derecho a pensión, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
México cuenta con al menos 14 programas asistenciales para la población adulta mayor que no tienen derecho a una pensión no contributiva y que benefician a 1.4 millones de mexicanos. Se encuentra entre los tres países de la OCDE que ofrecen el menor nivel de protección social a la vejez mediante pensiones no contributivas, sólo después de Turquía y Corea, según información del organismo. Estas pensiones no contributivas son las que se otorgan a adultos mayores que llegaron a esa edad sin contar con protección social porque no cotizaron. Se trata de apoyos que otorgan protección financiera con recursos del Gobierno, como el «Programa pensión para adultos mayores 65 y más«, que consiste en entregar apoyos a nivel nacional de 1.160 pesos bimestrales.
En su estudio más reciente sobre pensiones en México la OCDE expone que le preocupa el hecho de que no haya lineamientos que regulen estos mecanismos de protección social, los cuales son independientes entre sí. Asimismo, señala que no hay coordinación entre los programas federales y estatales en la materia.
Alejandro Turner, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios y ex vocal ejecutivo de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) Pensionissste expuso que se requiere una ley federal de pensiones en el que todos los estados funcionen con las mismas reglas.
Hasta ahora, con excepción del programa de la Secretaría de Desarrollo Social- Sedesol, la mayoría de los programas no piden requisitos para que el beneficiario demuestre que necesita la pensión, por lo que que pueden recibirla sin requerirla. A la vez, puede haber familias que cobren el apoyo incluso si el beneficiario falleció, pues no existe un padrón auditable para verificar que el adulto mayor está vivo.
«También puede haber familias que tengan dos pensiones de programas asistenciales, el Gobierno puede estar duplicando costos porque ese apoyo se lo puede dar a otra persona«, afirma Turner.
«Si no se implementa un sistema general con las mismas reglas y con un padrón de información, seguirá habiendo fuga de dinero y seguirá el problema de la pobreza en la vejez«, advirtió.
Verónica González Vázquez, consultora independiente de pensiones y ex directora de Afore Metlife, señaló que sería ideal un sistema único, pues los apoyos se dan con recursos públicos.
«Sería muy congruente que tuviéramos una sola prestación de adulto mayor a nivel nacional y que esa prestación estuviera bien estructurada para que tuviéramos un diseño de a quién se le está dando y en qué momento murió esa persona y hay que dejársela de dar», concluyó.
Fuente: Zócalo
