Montevideo (Uruguay), 16 de junio de 2013. Muchas casas de salud y residencias para adultos mayores funcionan de forma irregular, sin estar debidamente registradas en el Ministerio de Salud Pública. Italo Savio, director del Departamento de Geriatría de la Facultad de Medicina, dijo que este hecho deja a los adultos mayores «vulnerables» y como potenciales abusados. Con motivo de la celebración el pasado día 15 del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez, Savio dijo que los avances en el tema son pocos ya que el sistema nacional de cuidados quedó por el camino.
Se estima que en las casas de salud hay alojadas alrededor de 25.000 personas, si bien el número exacto no se conoce ya que no existe “en lo más mínimo” un control sobre ellas. según Savio. «Se tienen que inscribir en un registro de Salud Pública e informarle a la autoridad sanitaria la lista de los usuarios que tienen ingresados y las características de sus problemas más relevantes, incluyendo, identificar aquellos que tienen deterioro cognitivo o problemas mentales que interfieren con su capacidad para decidir libremente. Tenemos un población cautiva, altamente vulnerable, que potencialmente puede ser abusada y sin estar registrada», dijo. Muchos de estos mayores sufren alguna forma de abuso o maltrato, como la negligencia en los cuidados, abandono, violencia física, psicológica, económica o sexual, si bien no hay registros o estadísticas oficiales y los sistemas de detección e información no consideran a esta población en situación de riesgo.
“Se trata de un grave problema mayor de salud pública y políticas sociales, sub-diagnosticado y que raramente deriva en alguna medida cautelar y protección de derechos”, indica. “Si la violencia sobre los niños y las mujeres ingresa tardíamente en la agenda Institucional y de profesiones de la salud y la justicia, la violencia sobre nuestros mayores llega mucho más tarde, existe escasa preparación en el sistema socio sanitario, de seguridad y judicial, acerca de cómo abordarla”.
En un folleto que lanzó la Facultad de Medicina a raíz de la celebración del Día Mundial se señala que el 75% de los abusos se dan en el seno del hogar. Una de las formas de abuso a los jubilados y pensionistas que están alojados en las casas de salud es el pedido de préstamos que solicitan apoderados en nombre de ellos. Este fenómeno es difícil de cuantificar, pero según Savio es una realidad que se ve desde la práctica médica y desde las instituciones del Estado. «No es una sensación térmica, es una cuestión que se ve en la práctica cotidiana donde muchas veces la persona es expoliada progresivamente y cuando se queda sin recursos, luego de múltiples préstamos adquiridos por sus apoderados, culmina ingresando en una institución del Estado porque no tiene dinero para otra cosa», sostuvo.
Savio dijo que si bien hay adultos mayores que no han sido declarados incapaces desde el punto de vista legal, muchos dudosamente tienen la capacidad objetiva de consentir un préstamo. Esta práctica ocurre a nivel familiar, pero también ocurre en las casas de salud irregulares, donde los dueños se transforman en apoderados y piden préstamos en beneficio de su negocio.
Una de las propuestas del Departamento de Geriatría de la Facultad de Medicina para prevenir estas situaciones es limitar el número de poderes por apoderado y obligarlos a rendir cuentas de lo qué hacen con el dinero.
Savio también reclamó que se concrete el Sistema Nacional de Cuidados -una iniciativa que se propuso en 2010 para atender a las personas dependientes- y que se exijan prestaciones exclusivas para adultos mayores a las instituciones del Fondo Nacional de Salud-Fonasa. «Hoy el Fonasa paga una cápita mayor a los servicios por cada adulto mayor usuario y, sin embargo, la obligación es completar el carné del adulto mayor, pero no hay un solo pedido específico», agregó. Propone, asimismo, que se instrumente un sistema de “Hipoteca Revertida”, tal como se aplica en otros países. Se ampararían casos de mayores con propiedades, abandonados por hijos y herederos, donde el Estado se hace cargo de cuidarles y de oficio hipoteca todo bien del mayor víctima. De este modo los familiares, al momento de recibir la herencia, deberán abonar previamente los gastos de manutención y de la atención, los que han sido compartidos con la sociedad a través de impuestos.
Visita la web de la Campaña «La edad no quita derechos», primera campaña por una vejez con derechos y sin maltrato.
