El proceso ha sido largo y ha requiero de una incesante labor de incidencia política de muchas organizaciones, entre ellas una de las más activas ha sido el Secretariado Nacional de Colombia de FIAPAM (la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores). Ahora, tras la firma el 13 de septiembre por parte del nuevo Gobierno de Colombia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el depósito del instrumento de adhesión en la sede de la OEA de Washington el 27 de septiembre, las personas mayores del país cuentan con una potente herramienta de protección de sus derechos humanos.
A partir de su entrada en vigor –“el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente»-, ya la Convención, con sus principios y el reconocimiento de derechos específicos, es vinculante para el Estado colombiano, que incorpora esta convención al denominado como bloque constitucional.
A pesar del poco interés mostrado por medios de comunicación nacionales, FIAPAM Internacional considera que estos últimos pasos para la entrada en vigor efectiva de la Convención conforman un momento histórico en la visibilización y plasmación de los derechos humanos de un sector de la población que crece de manera acelerada, pero en una situación de alta vulnerabilidad.
La Viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, depositó el instrumento de adhesión ante Luis Almagro, secretario general de la OEA.
En Colombia, algo más del 13% de la población tiene más de 60 años. Se trata de un colectivo diverso, altamente feminizado (el 55% de todas las personas adultas mayores), cubierto por un precario sistema de pensiones y de subsidios que roza la caridad, con un 12% del total (781 mil personas) que figuran como víctimas del conflicto armado y un 39% con algún tipo de discapacidad (2 millones 540 mil personas).
El nuevo Gobierno ha puesto sobre la mesa de mejorar los subsidios a las personas mayores que no tienen pensión, que es el 78% del total. En todo caso, de ese 22% que tiene pensión, la mitad no supera los 877 mil pesos de ingresos mensuales.
El camino a recorrer, por tanto, es muy largo. Hay que traducir la Convención a las políticas públicas sobre personas mayores, formar a técnicos y profesionales, concienciar a las propias personas mayores de sus derechos.
FIAPAM Colombia está satisfecha con este primer paso, que se ha demorado años, y se compromete con la promoción y defensa de los principios y derechos consignados en la Convención. De hecho, en su informe a las entidades federadas del país, la nueva presidenta del Secretariado Nacional, Gloria Patricia Rúa Montoya, y la representante legal, Mª Eugenia Torres Yali, destacaban: «(…) sentimos que ahora más que nunca, estamos llamados a hacer parte de un real involucramiento de la sociedad civil, de manera incluyente que garantice avances importantes en adopción a la Convención. Con mucho gozo y conscientes de nuestra responsabilidad, invitamos a nuestros federados, a los miembros internacionales de FIAPAM, a nuestras Directivas, a hacer parte de este nuevo proceso de empoderamiento, reconocimiento, visibilización y reivindicación de los derechos humanos de nuestras Personas Mayores, de tal manera que unidos y trabajando de manera colectiva, hagamos aportes históricos, para validar la Convención y hacerla vida en cada persona mayor de nuestro país».