El Secretariado Nacional de Colombia de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM) quiere provocar la discusión crítica sobre la implementación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores para que en la región se dé el paso de gigante que permita superar los discursos y las políticas huecas.
Por ello, convocó el pasado 27 de agosto a un panel de expertas y expertos de primer nivel que dibujaron el mapa de los retos y los desafíos que la sociedad civil tiene por delante si quiere que la Convención Interamericana incida de forma efectiva en las políticas públicas relacionadas con las personas mayores en un momento histórico en el que, a la brecha ya existente de derechos, se suma la profundización de la desigualdad por la crisis sanitaria del covid-19. El debate se produjo unos días después de que la ley de la Convención Interamericana en la Cámara de Representantes de Colombia (texto que ha sido promulgado el 10 de septiembre como LEY 2055 y que ya sólo está pendiente de revisión por parte de la Corte Constitucional).
En el encuentro virtual, cuyas relatoría presentamos hoy, participaron Julissa Mantilla (relatora sobre los derechos de las personas migrantes y sobre los derechos de las personas mayores de la Comisión Internacional de Derechos Humanos-CIDH), Francisco Gómez Nadal (representante de FIAPAM Internacional – España), Diego Molano (director Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia), Andrés González Díaz (vinculado de la escuela de leyes de la Universidad de Washington) y representantes de los países donde la Convención ha sido aprobada (Mónica Roqué -Argentina-, Adriana Rovira –Uruguay-, Nadia Cruz Tarifa –Bolivia-, Fanny Arce Hernández -Costa Rica-, Paula Forttes Valdivia –Chile-, Nadia Jennifer Soundy -El Salvador- y Susana Lucía Tito Lucero –Ecuador-). El encuentro estuvo moderado por María Conchita Ramírez, coordinadora del Consejo Distrital de Sabias y Sabios de Bogotá, y fue cerrado por Betilde Muñoz-Pogossian (directora del departamento de inclusión social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA) y por Javier Cabrera, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría.
En el debate se insistió sobre la necesidad de que la sociedad civil se refuerce y mejore sus capacidades técnicas para poder incidir en unas instituciones cuya política de personas mayores no debe depender ni de los periodos gubernamentales ni de las coyunturas. El edadismo, el enfoque asistencialista preponderante, la necesidad de lograr que se activen los mecanismos de control previstos en la Convención (una vez sea ratificada por 10 Estados)… La memoria que pueden descargar aquí hace un pormenorizado recuento de la realidad de cada país y del enfoque regional necesario para que la Convención ayude de forma real a un ejercicio de sus derechos humanos por parte de las personas mayores.