- La Federación Iberoamericana cree que el decreto “desconoce” la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores ratificada por Colombia
- El carácter asistencialista del decreto y la falta de representación de las personas mayores en el Consejo suponen la confirmación de una política pública enferma de “edadismo”.
Cada paso adelante que da Colombia en materia de derechos de las personas mayores va seguido de “un inmenso paso atrás”. El Secretariado Nacional de Colombia de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM) considera un retroceso evidente el decreto presidencial que reglamenta el Consejo Nacional de Personas Mayores, firmado este martes 16 de febrero por el presidente de la República.
“El Decreto 163 de 2021 crea un Consejo de mayores en el que no están representadas las personas mayores y sitúa toda la acción e esta nueva instancia en la asistencia a personas mayores dependientes, infantilizándolas y sacándolas de las políticas públicas que les afectan directamente”, señala María Eugenia Torres Yali, presidenta del Secretariado de FIAPAM en Colombia.
FIAPAM considera indignante que de los 15 miembros oficiales del Consejo sólo haya un (1) representante de asociaciones relacionadas con personas mayores. El decreto deja un solitario asiento para ONG que “prestan servicios” a personas mayores y dos para “personas jurídicas, una pública y otra privada” prestadoras de servicios. “Cuando se crea un Consejo Nacional de Personas Mayores sin personas mayores se vuelve a caer en el edadismo del que suelen pecar nuestras políticas públicas”, insiste Torres Yali.
La organización no gubernamental internacional cree que Colombia desconoce los principios y derechos consignados en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores que Colombia ratificó en la Cámara de Representantes en julio de 2020. Para FIAPAM, además de la ausencia de mayores en el Consejo, las propias funciones que indica el decreto van en contra de la Convención. Las funciones de la nueva entidad desempoderan a las personas mayores al situar a la familia como la responsable de “sus necesidades biológicas y emocionales”, sitúa todas las políticas públicas en el ámbito de la prestación de servicios y no del ejercicio de los derechos humanos, y limita las responsabilidades del Estado en la garantía de dichos derechos.
María Eugenia Torres Yali solicita al Gobierno que recapacite “y diseñe un Consejo Nacional de Personas Mayores coherente con la Convención Interamericana y que permita la participación del colectivo de personas mayores, uno de los más golpeados por el Covid y que ya vivía con un déficit insoportable en materia de derechos fundamentales”.