Perú está estancado. En junio de 2018, el Congreso de la república aprobó por unanimidad la ley que adhiere al país a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es decir, sólo faltaba la ratificación presidencial para que Perú se sumara al grupo de países que –lentamente- han ido incorporando a sus legislaciones nacionales un documento fundamental que ellos mismos aprobaron en el seno de la Organización de Estados Americanos en 2015.
Sin embargo, la Resolución Legislativa 2809 ha sido bombardeada desde dentro por una alianza de partidos que en 2019 presionaron al presidente de la cámara al considerar que “esta Convención contiene términos ideológicos de género como ‘orientación sexual’ e ‘identidad de género’, contrarios a nuestra Constitución y ordenamiento jurídico vigente, los cuales atentan contra la dignidad, la seguridad jurídica y el respeto irrestricto de los derechos humanos jurídicamente tutelados”. Aunque esta reconsideración fue desestimada, se presentó una nueva que paralizó el proceso legislativo hasta el día de hoy.
Las dudas de cinco partidos no tienen ningún asiento en la realidad de la Convención y, mientras pasa el tiempo, el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas mayores sigue deteriorándose. Por eso, en los primeros días de septiembre, el Secretariado Nacional de Perú de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM) realizó un pronunciamiento público que fue enviado al Congreso de la República en el que insta a incluir con urgencia en la agenda legislativa la votación de la última ‘reconsideración’ a la ley que fue presentada en 2019 y que mantiene bloqueado el proceso de ratificación.
“Demandamos a ustedes, señores congresistas, la aprobación unánime de la Convención [Interamericana] para que pueda ser implementada en nuestro país y mejoren las condiciones en que viven las personas adultas mayores”, reza el pronunciamiento en el que, además, se pide que “se reconozca el fenómeno del envejecimiento como una realidad social, política, económica y cultural que debe ser atendida con medidas estructurales que perduren en el tiempo y que prevengan el colapso del sistema socio-económico y socio-sanitario que alerta la transición demográfica y epidemiológica.
El escrito remitido al congreso está firmado por la presidenta del Secretariado Nacional de Perú, Flor de María Vásquez Samamé, y por el presidente de FIAPAM Internacional, Modesto Chato de los Bueys.