El Comité Ejecutivo de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Mayores (FIAPAM) señala y denuncia el grave deterioro de la situación de las personas mayores de 60 años y más en América Latina y en El Caribe. Esta crisis se manifiesta en:
- El aumento de la pobreza general que la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) cifra para 2020 en la incorporación de 28,7 millones de personas al inmenso colectivo que vive en pobreza económica y que, al final del año, ya serán 214,7 millones (un 34,7% de toda la población).
- La situación de especial vulnerabilidad a la cual se ve expuesto el 13% de toda la población de más de 60 años de la región. Tal y como señala la Cepal, estas personas “enfrentan una mortalidad más alta en la pandemia; por tanto, su demanda de atención especializada y crítica de salud es mayor. Asimismo, el aislamiento en que viven muchas de ellas limita su capacidad para responder a la enfermedad, genera riesgos para su seguridad alimentaria y puede afectar su salud mental”.
- Que América Latina y El Caribe tiene al menos el 11,5% de la población mayor de 65 años sin acceso a ningún tipo de pensión y una gran cantidad de estas personas reciben ingresos escasos de sistemas de pensiones no contributivas lo cual, si bien evita la pobreza extrema, las condena a vivir en la pobreza crónica.
- El envejecimiento tiene rostro de mujer en la región, ya que éstas suponen casi el 60% del total de personas mayores, acumulando los mayores índices de pobreza. La crisis de la Covid-19 ha empeorado la situación de estas mujeres que, en la mayoría de los casos, son responsables del cuidado no remunerado de otras personas (hijos, nietos, compañeros…), siendo las más afectadas por el aumento acelerado del desempleo.
- Los expertos de diferentes países, así como Naciones Unidas, están apuntando a un alto riesgo de aumento de afectaciones mentales. De hecho, la Universidad Nacional de México ha señalado que el incremento de suicidios por causa del Covid-19 afecta especialmente a los jóvenes y a las personas mayores de 55 años, las más afectadas por las consecuencias de la pandemia.
Ante esta realidad, FIAPAM manifiesta:
- Los Estados, en todos sus niveles de intervención territorial, deben diseñar planes específicos para las personas mayores, teniendo en cuenta antes que su vulnerabilidad ante el virus, su fragilidad ante las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
- Los Gobiernos de la región deben aumentar de manera significativa su inversión en transferencias monetarias, no ligadas a sistemas contributivos, a las personas mayores en situación más vulnerable y a las personas que las cuidan.
- Las propuestas de municipios, regiones o gobiernos nacionales deben contemplar la diversidad del colectivo de personas mayores, poner en valor su experiencia, y generar políticas diferenciales para mujeres mayores cuidadoras, personas mayores que viven en soledad o con deterioro cognitivo, físico o emocional como consecuencia de las políticas de prevención general de la Covid-19.
- Animamos a los poderes Ejecutivos y Legislativos de América Latina y El Caribe a dar un impulso definitivo a la ratificación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de Personas Mayores y su implementación.