Bogotá (Colombia), 16 de octubre de 2015. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año, hasta el Instituto Colombiano de Medicina Legal llegaron 877 adultos mayores víctimas de graves agresiones físicas. En al menos la mitad de los casos, el agresor fue un hijo; y en 110 de esas terribles historias, quien levantó la mano contra los “viejos” fue un nieto. Otros familiares y personas cercanas aparecen como responsables en el resto de ataques.
Tan solo en Bogotá, cada día que pasa un anciano es abandonado por sus familiares en los hospitales públicos, a pesar de que la ley penaliza a los que desatienden la obligación de responder por la subsistencia de sus mayores. Hoy, hay 285 mayores que sobrevivieron a la enfermedad pero por los que ya nadie responde.
De esas proporciones es el drama del abandono y el maltrato que sufren miles de personas adultas mayores edad en Colombia. En el 2014, la cifra de casos graves atendidos por Medicina Legal llegó a los 1.414.
El informe Forensis señala que en el 99 por ciento de los casos del año pasado el agresor era un familiar de la víctima. Sólo en 16 oportunidades el victimario fue alguien externo a la familia directa o de convivencia.
Los datos, en todo caso, están muy por debajo de la realidad. Las autoridades advierten que los registros responden solo a los casos más graves, en los que las lesiones son de tal magnitud que obligan al traslado de los ancianos a centros médicos y activan los protocolos de seguridad.
María Tila Uribe, directora del Centro de Estudios e Investigaciones (Cestra), dice que, además, dentro de este grupo poblacional no existe la cultura de denunciar y que, la mayoría de las veces, estas personas no cuentan con la facilidad ni las condiciones para recurrir a las autoridades.
De acuerdo con el último reporte de Medicina Legal, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son las regiones en las que se registra mayor número de reportes de agresión física grave contra el adulto mayor.
Abandono, otra forma de maltrato
La vivienda sigue siendo el escenario en el que ocurren con más frecuencia los ataques. Allí se da el 87,4 por ciento de los hechos.Y en siete de cada diez casos, la razón principal es la intolerancia.
Las consecuencias de esta problemática no son menos graves. Los especialistas señalan que la agresión física o psicológica continuada puede llevar a los ancianos a estados de depresión profundos, incluso, a pensar en el suicidio.
De hecho, en el 2014 se registraron 262 casos de personas mayores que terminaron con su vida, muchos de ellos por la vía del ahorcamiento. Las estadísticas del año pasado muestran también 63 episodios de abuso sexual y cerca de 500 homicidios contra esta población.
El año pasado, cuatro de cada diez casos de ancianos abandonados que fueron asistidos por la Secretaría de Integración Social del Distrito llegaron a través de la red de hospitales públicos. Esa entidad atendió a cerca de mil personas mayores que quedaron en situación de desprotección por diferentes razones. Sus estadísticas dicen además que, cada noche, no menos de 300 ancianos duermen en las calles de la capital.
Juanita Barrero, subdirectora para la vejez del Sistema de Integración Social del Distrito, dice que “este es un fenómeno que va en aumento, en el que la misma familia decide no hacerse responsable del cuidado del adulto mayor, bien enviándolo a un centro de protección o, en el peor de los casos, abandonándolo”.
Ante la ley, tal y como sucede con los hijos menores de edad, existe la obligación de garantizar la alimentación y vivienda digna de los padres. Sin embargo, admiten las autoridades, las investigaciones por este tipo de abandono son poco frecuentes, a pesar de que los centros de salud tienen trabajadores sociales que intentan impulsar los procesos.
“A diferencia de los casos de alimentos de menores, acá no hay un responsable interesado en mover el proceso con sus abogados”, señala un conocedor de este tipo de dramas en Bogotá.
Es obligación de la familia proteger al adulto mayor
La Corte Constitucional en diferentes fallos ha amparado los derechos de las personas de la tercera edad y ha fijado que deben ser objetos de protección ante situación de indigencia o extrema pobreza.
El año pasado, el alto tribunal señaló que los miembros de la familia tienen el deber de procurar la subsistencia de aquellos integrantes que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos.
Esta decisión se dio al revisar el caso de una mujer que padecía de una crónica enfermedad visual que le impedía valerse por sí misma, por lo que la Corte ordenó a las hijas encargarse de su manutención.
En el 2012, la corte negó a la hija de una mujer mayor los subsidios distritales que exigía al considerar que la obligación recaía en la familia.
La ponencia de la magistrada María Victoria Calle señaló que “el deber de protección y asistencia de una persona de la tercera edad recae en primer lugar en sus familiares, y solo cuando estos no existan o se encuentren en imposibilidad económica de asumir dicha obligación, se hace exigible el deber de solidaridad del Estado y de la sociedad de garantizarle unas condiciones mínimas de subsistencia”.
Abandono y maltrato, las razones por las que llegan a hogares de paso
Hace seis meses, al hogar de paso Centro de Protección Bosque Popular, en Bogotá, llegó una pareja de adultos mayores, de 85 y 90 años, buscando un lugar donde pasar la noche. La mujer tenía uno de sus pómulos casi destruido por la mordedura de ratas.
Vivían encerrados en una habitación en la localidad Ciudad Bolívar, a la espera de la caridad de vecinos. No tenían para comer y mucho menos para mantener el improvisado hogar que sus dos hijos habían escogido para ellos.
Según contaron, fueron llevados hasta el lugar y abandonados. No los visitaban ni los apoyaban económicamente para pagar el arriendo de la habitación ni para comprar alimentos.
Allí permanecerían de no ser por un grupo de profesoras que realizaban una jornada puerta a puerta en busca de niños para ser vinculados al sistema educativo. Tras la denuncia de las docentes, la pareja fue trasladada al centro de protección, donde permanecen. Entre tanto, la Fiscalía investiga el caso, por lo que sus identidades no son reveladas.
A estos centros de la capital (son 17 en total), en promedio, llegan cuatro casos diarios de adultos mayores en busca de protección. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, estos sitios atienden a quienes requieren una residencia permanente o a los que solo acuden a recibir alimentos.
La mayoría de las veces, han sido abandonados o son víctimas de maltrato físico. Eso pasó con doña Elvira Garzón, de 91 años.
Sus vecinos y miembros de la junta de acción comunal del barrio Nueva Gloria, en el sur de la capital, alertaron a las autoridades de los golpes a los que la mujer era sometido por uno de sus sobrinos con quien vivía.
El último episodio fue el 4 de marzo, cuando, según le contó a las autoridades la víctima, el joven llegó al rancho en el que vivían bajo los efectos del alcohol.
Ella fue llevada al centro de protección, y cuando peritos fueron a inspeccionar el lugar en el que vivía, encontraron que el rancho había sido quemado.
Eso obligó a que doña Elvira optara por quedarse en centro de atención, donde aún permanece. “Era brusco, grosero y humillante conmigo. Con sus actos demostró que me creía poca cosa. Él se creía más importante que yo”, cuenta.
Se investiga quién y por qué quemaron la casa, que doña Elvira espera que pueda ser reconstruida. Para eso sus vecinos realizaron una recolecta.
Ella cuenta que nació en Útica, Cundinamarca, y que llegó a Bogotá cuando apenas era una niña. Nunca se casó ni tuvo hijos, por lo que, relata, solía vivir sola en el rancho que había logrado construir. Recuerda que un día uno de sus sobrinos llegó pidiéndole ayuda y un lugar donde vivir. Así, sus días pasaron de ser tranquilos a una pesadilla de la que, confiesa, aún no se recupera.
Hoy, comparte su historia con otros adultos mayores que, como ella, han sido maltratados.
Fuente: El Tiempo