La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM) celebra el Día Internacional de las Personas Mayores trabajando por ellas. Nuestros Secretariados Nacionales impulsan diferentes acciones para que los derechos humanos de las personas mayores sean garantizados desde las instituciones públicas pero, también, para que el discurso social respecto a ellas cambie para huir de la “infantilización” o de la “medicalización” de esta fase de la vida plena.
Hoy es un día especialmente significativo en Colombia, donde comienzan los debates en el Congreso de la República sobre la ley de adhesión de ese Estado a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. El Secretariado Nacional de FIAPAM en Colombia ha sido muy activo en la sensibilización e incidencia alrededor de la importancia e la Convención y forma parte de la Alianza Colombia con sus Mayores que busca impulsar esa adhesión con carácter de urgencia.
En España, UNATE, La Universidad Permanente que es responsable ahora mismo de la Secretaría Internacional de FIAPAM, ha pedido oficialmente al presidente de Cantabria que lidere una iniciativa oficial para pasar del conteo de mayores al estudio de sus capacidades y de los riesgos para el pleno ejercicio de derechos humanos. En una reunión entre el presidente de UNATE y de FIAPAM, Modesto Chato de los Bueys, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (en la fotografía principal), se acordó dar los pasos necesarios para iniciar cinco líneas de investigación que luego puedan influir en el diseño de unas políticas públicas más adecuadas a las necesidades reales de las personas mayores y que pongan en valor las capacidades que éstas pueden aportar a la sociedad.
El compromiso de FIAPAM con las Personas Mayores como sujetos de derechos es total y nuestras asociaciones en Colombia han ratificado un compromiso (Descargar el manifiesto) que hacemos extensivo a todos los territorios en los que trabajamos:
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- Impulsar acciones afirmativas y efectivas de promoción y protección de los Derechos Humanos de las personas mayores en nuestros ámbitos de acción territoriales.
- Trabajar siempre bajo el enfoque de derechos que considera a las personas mayores como sujetos activos.
- Incidir políticamente para que se logre la ratificación por parte del Estado colombiano a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores y hacer seguimiento al cumplimiento de sus disposiciones una vez se incorpore al marco jurídico nacional.
- Luchar para transformar una realidad en la que muchas de las acciones promovidas en favor de las personas mayores, están construidas a partir de un enfoque asistencialista, desde el cual no se tiene como prioridad aportarle al tan necesario empoderamiento de las personas mayores.
- Defender la participación activa de las personas mayores no sólo en aquellos asuntos que tienen que ver con el ejercicio de sus derechos, sino en todos los avatares de la sociedad en la que habitan.
- Trabajar junto a los gobiernos locales, departamentales y nacional en los procesos de formulación, implementación, ejecución, evaluación y actualización de políticas públicas; planes, programas y proyectos de salud pública y protección social.
- Trabajar, en alianza con los sectores público, privado y público- privado; para revertir la situación de dependencia y vulnerabilidad económica en la que vive casi el 50% de las personas mayores en el país.
- Incidir para que los programas de gobierno locales y departamentales se articulen con el contenido de las disposiciones de orden nacional y puedan ser la vía a través de la que se concreten acciones positivas que busquen intervenir las precarias condiciones de las personas mayores.
- Promover campañas de dignificación y reconocimiento de las personas mayores, que ayuden a contrarrestar los imaginarios que las sitúan como personas no-productivas y, por tanto, como una carga social.
- Animar la participación de las personas mayores en la generación de proyectos y programas, generando incidencia para el correcto cumplimiento de las políticas públicas sociales, a través de las cuales se ejecutan los derechos.