Las imágenes de violencia o de los choques de manifestantes con fuerzas de seguridad en Chile pueden confundir: ni muestran las masivas manifestaciones pacíficas ni explican el por qué de estas multitudinarias protestas que el gobierno de ese país es incapaz de atajar. Quizá esa incapacidad tenga que ver con lo estructural del problema: los jóvenes se han lanzado a la calle contra un sistema que los condena a ser personas mayores pobres.
El aumento en el tiquete de metro fue el ‘disparador’ de las protestas, pero lo que hay de fondo es el sistema de pensiones privado que opera en el país desde 1981, aprobado por la dictadura de Augusto Pinochet y diseñado por el hermano del actual presidente de Chile.
El último informe sobre el sistema de pensiones elaborado por los expertos de la Fundación SOL, indica que “8 de cada 10 nuevos pensionados en Chile, ni siquiera logra autofinanciar una pensión superior a la línea de la pobreza”.
Los datos son brutales: aunque en la última década se ha duplicado el número de personas que recibe algún tipo de pensión de jubilación, “a Diciembre de 2018, el 50% de las 684 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez por edad (la modalidad de pensión más masiva) obtuvieron menos de $151 mil (203 dólares) ($135 mil, 181 dólares, si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado). Incluso, en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50% recibió una pensión menor a $296.332 (399 dólares), valor levemente superior al Salario Mínimo de fines de 2018, pero inferior al Salario Mínimo actual”.
En realidad, hay 1,2 millones de chilenas y chilenos que reciben pensiones inferiores a los 161.000 pesos (216 dólares), por debajo del costo de la canasta básica que según la ONU es necesaria para completar las 2.000 calorías diarias y que en el Chile de hoy vale unos 242 dólares.
En el caso de las mujeres mayores todo es aún peor y sus pensiones son un 20% menores que las de los hombres. También hay una brecha gigante entre la capital y el resto de los territorios. “La pensión mediana en todas los territorios del país es inferior a la línea de pobreza para hogares unipersonales y en ninguna región supera el 50% del Salario Mínimo”, destaca el informe de la Fundación SOL, que alerta sobre la situación límite de las personas pensionadas de Aysén, O’Higgins, Araucanía, Ñuble y Los Lagos.
Por esa razón, la BBC, en un reportaje sobre lo que hay detrás de las protestas, recupera el análisis de Alejandra Matus, autora «Mitos y verdades de las AFP» (un bestseller en Chile), cuando describe el modelo de pensiones privadas de Chile como “un sistema estructuralmente injusto, porque su objetivo no es la protección social, sino la acumulación de capital y la rentabilidad”. El sistema pensional chileno depende de unos fondos privados, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que representan el 83% del Producto Interno Bruto, según cifras oficiales, una de las tasas más altas del mundo, explica la BBC. Claro, que no explica que tanto el Ejército como los Carabineros tienen un régimen pensional aparte que les garantiza jubilaciones muy superiores a las del resto de la población.
Por eso en las movilizaciones, junto a los jóvenes, se han podido ver a muchas personas adultas mayores porque, como indican los testimonios del reportaje de la cadena británica: «Cuando llegas al final de la vida, y haces sumas y restas, te das cuenta que no tienes nada», añade. La pensión se va en pagar «el gas, el agua, la luz y un jardinero».
Salarios de pobreza
En todo caso, los jóvenes luchan por un futuro diferente, pero también por un presente que no los condene a la precariedad. En Chile, según el último informe de ingresos, el 50% de los asalariados en el sector privado cobra menos de 380.000 pesos al mes (511 dólares), cuando la línea de pobreza para una familia de 4 personas está ubicada en los 430.763 pesos (580 dólares). La Fundación SOL concluye que el 57% de los empleados no puede garantizar que su familia no caiga en la pobreza.
Peor es aún el sector informal. Se calcula que hay 1,1 millones de personas que trabajan sin contrato y, de éstas, el 80% ingresa menos de 412.000 pesos (554 dólares) al mes.