Marco legal para la promoción y protección de los derechos de los mayores
San José (Costa Rica), 20 de mayo de 2014. El número 37 del Diario Oficial La Gaceta del pasado mes de febrero publicó la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 reconociendo que por primera vez el Estado costarricense, a través del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor-CONAPAM, se ocupa de crear un marco legal de acción afirmativa que promueva y proteja los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas adultas mayores. Asimismo, se recogen medidas específicas y obligaciones a las instituciones estatales para su cumplimiento.
Costa Rica es uno de los países de la región centroamericana que envejece más aceleradamente. Según indica el X Censo del año 2011 un 7,2% de su población son adultos mayores y las estimaciones hablan de que para el 2025 este colectivo represente el 11,5 % del total de la población. Por esta razón se presenta la necesidad de organizar las acciones del Estado frente a las consecuencias sociales, económicas y culturales del envejecimiento y delimitar el accionar nacional a corto y largo plazo.
El compromiso del CONAPAM se reflejó en la incorporación de las personas adultas mayores en todo el proceso de elaboración de la Política Nacional, consultando a más de 4.000 mayores como representantes de los 81 cantones del país, quienes con sus aportes forjaron los conceptos en los que ésta se sustenta.
Además, se contó con el patrocinio del Fondo de Población de Naciones Unidas y el apoyo y contribución de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
El Dr. Fernando Morales Martínez, Presidente de la Junta Rectora del CONAPAM, señaló que esta iniciativa responde a las oportunidades y retos que plantea el envejecimiento y promueve el desarrollo de una sociedad justa para todas las edades. “Estas acciones permiten crear las condiciones adecuadas para articular la plena participación de las personas adultas mayores, con el fin de favorecer su empoderamiento como grupo social y fortalecer el ejercicio de una ciudadanía activa”.
La Política Nacional se realizó de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley No. 7935, en los principios universales de equidad, dignidad, solidaridad intergeneracional, participación social y corresponsabilidad social; así como en los lineamientos definidos en documentos internacionales.
Líneas Estratégicas
La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 se ejecutará mediante la implementación de cinco líneas estratégicas:
- Protección social, ingresos y prevención de la pobreza: disminuir la pobreza de la población adulta mayor, mejorar el bienestar social e individual, reducir la vulnerabilidad por falta de empleo o de ingresos y generar mayor equidad. Generar estrategias para mantener y mejorar los medios de vida, el acceso al sistema de pensiones no contributivas, a transporte seguro, a condiciones de educación y de vivienda adecuados y entornos saludables y seguros para las personas adultas mayores. Busca crear, fortalecer y consolidar las redes sociales de apoyo, para atender la inequidad e injusticia social.
- Abandono, abuso y maltrato en contra de las personas adultas mayores: se persigue un papel proactivo del Estado interesado en que a la población adulta mayor no se le vulneren sus derechos y evitar el abuso y maltrato en su contra. Busca la asesoría y participación activa de entidades públicas y privadas, y sociedad en general para la planificación y gestión de las políticas públicas en torno al abandono de personas adultas mayores.
- Participación social e Integración intergeneracional: fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas adultas mayores y vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento del papel protagónico que han tenido los primeros ante el Estado.
- Consolidación de derechos: divulgar y desarrollar instrumentos y procesos de información, de educación y comunicación a la población, para el ejercicio de los derechos humanos, busca promover la corresponsabilidad de las personas adultas mayores, la familia y la comunidad, con metodologías participativas y busca promover, movilizar y gestionar el compromiso de todos los sectores y actores para garantizar la realización plena de los derechos de la población.
- Salud integral: garantizar el acceso universal de la población adulta mayor al Sistema de Seguridad Social en Salud y el acceso a la prestación integral de los servicios de salud; a diseñar e implementar un modelo de atención basado en atención primaria en salud, al desarrollo de instrumentos, guías, normas técnicas para la intervención de las enfermedades más prevalentes en la persona adulta mayor. Persigue la corresponsabilidad del Estado y la sociedad para lograr un entorno favorable para toda la población y la promoción de la salud en general.
