La Paz (Bolivia), 26 de agosto de 2014. Por Guido Pizarro Durán. Con motivo de recordase hoy el Día del Adulto Mayor, un informe de la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades y a la población para que asuman conciencia de que las personas de la tercera edad merecen reconocimiento y retribución a través de la garantía del ejercicio de sus derechos. Cumplir con el pago de jubilaciones es una responsabilidad del Estado bajo mandato constitucional, y principios claros en los que la dignidad, la equidad y la justicia, están previstos como mandato y derecho de las personas de la tercera edad.
Lamentablemente, el gobierno se limita a ver, indiferente, el maltrato, abandono, despojo de bienes a los ancianos, además de generar más problemas para el acceso a documentos de identificación y autorizaciones para conducir vehículos que sufren los ancianos en el país. El Defensor del Pueblo durante la gestión 2013 registró a nivel nacional 3.243 casos de vulneración de derechos de ancianos, de las cuales 1.391 se cometieron por su condición de tales. En muchos casos los mismos familiares o allegados son los principales transgresores de derechos.
Como si todo esto fuese poco, el gobierno ha rechazado la demanda por mejorar las rentas para los jubilados y aumentar la renta dignidad. Como consecuencia de ese rechazo, se iniciaron movilizaciones de las personas mayores con bloqueos y marchas en las principales ciudades del país. Ahora demandan un bono de 3.000 bolivianos y el pago del segundo aguinaldo para esta gestión.
Datos recientes indicqn que el 90% de las denuncias sobre maltrato que reciben de los mayores de 60 años en la Plataforma de Asistencia Inmediata (PAIAM), involucra a sus hijos
Representantes de los jubilados del país anunciaron que dialogarán con el Gobierno en busca de una solución, pero que paralelamente se mantendrán movilizaciones y se realizarán evaluaciones diarias al final de cada jornada, para incrementar las medidas de presión. Lamentablemente, la atención a este sector siempre ha sido negligente y hasta algunos funcionarios públicos creen que están haciendo un favor al canalizar el pago de las rentas, ya sea obligando a las personas mayores a hacer filas innecesarias, esperas abusivas y trámites burocráticos ominosos. Más aun, resulta denigrante ver que la soberbia del poder, hace que se apele a una hipócrita condescendencia ofreciéndoles migajas como un gran favor.
La demanda de los jubilados y rentistas se justifica en un derecho acorde al trato que el gobierno ha dado a otros sectores activos, como compensación por la pérdida del valor adquisitivo, la inflación y el descontrol de precios. El movimiento general de los trabajadores ha tenido esa motivación: una compensación justa por el desmedido incremento del costo de vida, que nada tiene que ver con el cálculo falseado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el desprestigiado Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los jubilados, cansados del desprecio con el que son tratados, han decidido movilizarse, mientras los funcionarios del gobierno, que bien pagados, engordan a costa de las arcas del Estado, se han dado a la tarea de desprestigiar al movimiento de los jubilados, como antes lo hicieron con las demandas de los sectores sociales que no reciben prebendas.
La vulneración de la Constitución y las Leyes se ha vuelto una constante. Se ha aprobado una ley contra discriminación, y el gobierno es el primero en incumplir la norma, en una actitud excluyente y por lo tanto ilegal, determinando aumentos altos para unos y miserables para otros. Pero además, la Constitución Política del Estado (CPE), obliga a la asistencia social. El Art. 45 señala que «todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social», que se presta «bajo los principios de la universalidad, integralidad, solidaridad, unidad de gestión, oportunidad… El régimen de seguridad social debería cubrir, entre otras previsiones, atención por enfermedad, discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo: orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte». Según la Constitución Política, «el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo». ¿Alguno de estos mandatos está cumpliendo el gobierno?
Asimismo, el Art. 67 de la CPE señala, además, que todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana. Dispone que el Estado, proveerá una renta vitalicia de vejez en el marco del sistema de seguridad social integral, pero este mandato tampoco se lo honra.
Lamentablemente, el gobierno elude el cumplimiento tanto de la Constitución Política del Estado, como elementales preceptos de los derechos humanos, que definen a la jubilación como la compensación justa para las personas que han llegado a una edad avanzada. El concepto jubilación viene de júbilo, que significa alegría, es decir, el goce de un estatus después de haber cumplido un rol en la vida activa. Es el jubileo, que debe interpretarse como el premio al trabajo de toda una vida, que se traduce en el merecido descanso, y goce de todo lo necesario para una vida tranquila y de satisfacción plena.
Fuente: Jornada