Santiago de Chile, 5 de abril de 2013. Mahia Saracostti, Directora de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile. Lo más desafiante del aumento de la esperanza de vida es sin duda la calidad de vida de los adultos mayores, integrados en sus propios contextos familiares y comunitarios, de manera de mantener la actividad y la autovalencia. En este contexto, se destaca que la mayoría de las personas mayores se adapta a los cambios que trae el envejecimiento, manteniéndose en condiciones físicas y mentales que les permiten con algunos apoyos llevar su vida cotidiana de manera autónoma.
Según la entrega de resultados del CENSO 2012, la población nacional creció sólo un 10% durante los últimos 10 años, ratificándose a su vez el envejecimiento de la sociedad chilena. Esto podría deberse a que con menos de dos hijos por mujer, la sociedad chilena no alcanza a tener el mínimo de hijos necesarios (2,1) para mantener en el tiempo su población activa (tasa de reposición social).
Y, además, el aumento de las expectativas de vida ha alcanzado aproximadamente a los 81 años de edad en el caso de las mujeres y 78 años en el de los varones. En los últimos 20 años, la población de adultos mayores se ha duplicado en nuestro país. Y, se estima que para el año 2025 este sector poblacional llegará a ser de 3,8 millones y 5,7 millones en el 2050.
Con el envejecimiento de la población aparece la sociedad 4 – 2 -1 en la que un hijo se hace cargo de dos padres y de cuatro abuelos.
Uno de los problemas es que la legislación específica para los adultos mayores en Chile es escasa, poco orgánica y referida principalmente a temas que de manera tangencial les afectan. Es decir, carecen de una mirada integral que resuelva desde un enfoque sistémico los principales problemas que los aquejan. Prueba de ello es la dispersión normativa dentro de la cual encontramos el reglamento sobre casas de reposo, asilos y otros establecimientos similares y el reglamento de establecimientos de larga estadía para adultos mayores.
Es necesario que los adultos mayores sean reconocidos como personas útiles, valiosas y respetables y, por tanto, es necesario perfeccionar las normativas y políticas públicas pertinentes y realizar contribuciones a la construcción de un sistema de protección social integral de la vejez.
Legislación internacional de países como España, USA, Argentina y México son ejemplos que articulan una visión integral del fenómeno incluyendo regulaciones relativas a la Integridad física, psíquica y moral; igualdad y dignidad; atención de la salud y alimentación; educación y universidades para la tercera edad; trabajo; tiempo libre, recreación, manifestaciones culturales, de ocio y deporte; asistencia social y protección económica; participación y denuncia popular; confidencialidad y el respeto al honor, intimidad y propia imagen; libertad ideológica, religiosa y de culto; información y la libertad de expresión; alojamiento digno y adecuado; y protección jurídica.
¿Qué desafíos se plantean?
El proceso de envejecimiento origina una serie de desafíos, entre ellos, nuevas formas de organización de la familia, desafíos de bienestar, integración social y empleo del tiempo libre de los adultos mayores, cambio en la demanda de bienes y de servicios, competencia intergeneracional por los puestos de trabajo y cambios en las relaciones de dependencia económica entre las generaciones (Mifsud et al, 2006). A su vez, un estudio del SENAMA (2007) reconoce como desafíos centrales: la formulación e implementación de políticas públicas que contribuyan a crear oportunidades para un envejecimiento activo, particularmente en el campo de la educación continua, del empleo y la empleabilidad, así como del acceso al crédito de las personas; así como la identificación de la oferta existente y las necesidades en materia de servicios sociales y la promoción de una imagen digna de los adultos mayores como ciudadanos activos y socialmente valiosos, entre otros.
Lo más desafiante del aumento de la esperanza de vida es sin duda la calidad de vida de los adultos mayores, integrados en sus propios contextos familiares y comunitarios, de manera de mantener la actividad y la autovalencia. En este contexto, se destaca que la mayoría de las personas mayores se adapta a los cambios que trae el envejecimiento, manteniéndose en condiciones físicas y mentales que les permiten con algunos apoyos llevar su vida cotidiana de manera autónoma.
La OMS define al envejecimiento activo como “el proceso por el que se optimizan las oportunidades física, social y mental durante la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez”.
Uno de los temas preponderantes es la tendencia a vivir solos. Ello está dado porque cada vez los hogares tienen menos hijos, razón por la cual los adultos mayores tienen menos redes familiares quedando por dicha razón en situación de indefensión. Otro punto a considerar son las consecuencias propias de la edad, como las dificultades de movilidad y desplazamiento así como los problemas de salud.
Una intervención integral dirigida a los adultos mayores debiese, por tanto, incluir los siguientes objetivos generales:
- Facilitar que la persona mayor pueda continuar en su medio habitual con una adecuada calidad de vida y bienestar psicosocial, facilitándole los servicios, que le permitan mantenerse el mayor tiempo posible con autonomía personal.
- Ofrecer a la familia, que sigue siendo el núcleo fundamental de protección y atención a todos sus miembros, los apoyos precisos para que continúen desarrollando esta labor.
- Proporcionar a las personas mayores la cobertura residencial necesaria, para que cuando no puedan seguir en sus hogares, con el apoyo de sus familias, puedan acceder a servicios institucionales de calidad.
- Adecuación de las leyes que los afectan, teniendo en consideración sus especiales circunstancias, teniendo en cuenta que son sujetos de derechos. Así, por ejemplo, la legislación laboral debe suponer que los trabajadores tienen que cuidar no sólo a sus hijos sino que también a sus padres.
¿Qué posibilidades surgen para potenciar el envejecimiento activo?
Solo un ejemplo. Las mujeres hemos estado tradicionalmente a cargo de las tareas de cuidado de niños, enfermos y adultos mayores en el hogar. Se propone, por tanto, una política que incentive el desarrollo y profesionalización de servicios domiciliarios consistente en la visita domiciliaria (compra de alimentos y pago de cuentas, acompañamiento personal, atención y /o cuidado, entre otros) o la formación de centros de cuidado diurno (recreación, alimentación y cuidado) a cargo de mujeres capacitadas. Esto permitiría que mujeres pobres fueran capacitadas en centros de educación superior por escuelas de enfermería, psicología y trabajo social en temáticas diversas como primeros auxilios, psicología y derechos sociales del adulto mayor.
El Estado, a través del Ministerio del Trabajo, podría transferir recursos a organizaciones privadas sin fines de lucro para la contratación transitoria de mujeres desempleadas, a quienes se les habilita laboralmente para que entreguen determinados servicios domiciliarios y/o en centros de cuidado diurno a los adultos mayores de sus propias comunidades con estándares de calidad. Esta contratación laboral temporal aumentaría aún más el nivel de empleabilidad de las mujeres al mismo tiempo que ellas permitirían ampliar el sistema de protección social a la vejez a través del servicio domiciliario ofrecido a los adultos mayores. Si pensamos que la mayoría de los adultos mayores son mujeres, tendríamos un programa “redondito”: mujeres cuidando mujeres; o mujeres al servicio de mujeres.
Fuente: La Nación