La Paz (Bolivia), 3 de mayo de 2013. La recién promulgada Ley General de las Personas Adultas Mayores ha incorporado diversas modificaciones cuyo objetivo es, entre otros, garantizar a la población adulta mayor una vejez digna. La medida legal prevé otorgar mayor calidad de vida a los bolivianos y bolivianas mayores de 60 años. Además, se declara el 26 de agosto como el Día de la Dignidad de las personas adultas mayores en todo el territorio nacional.
“La ley recupera las demandas y conquistas de este importante sector de la población. Desarrolla mecanismos de protección de derechos fundamentales, considerando que el 65 % de adultos mayores se encuentra en situación de pobreza, lo que hace de ellos un sector vulnerable”, señaló el senador Eugenio Rojas.
En ese marco la medida contempla, entre otros beneficios, la renta universal de vejez, el desarrollo integral, el acceso a la vivienda de interés social, la provisión de alimentación suficiente, la práctica de actividades recreativas, la incorporación al desarrollo productivo y la implementación de programas especiales de formación.
Las personas que agredan y provoquen lesiones a las mujeres y varones mayores de 60 años serán sujetas a penas entre tres y nueve años de cárcel, sanciones que son similares para los agresores de niñas, niños y adolescentes, señala la vigente Ley General de las Personas Adultas Mayores. Respecto a las modificaciones al Código Penal, la medida legal incorpora cinco modificaciones de las cuales cuatro establecen agravantes en caso de tratarse de una persona adulta mayor.
El senador Eugenio Rojas explicó que la norma incrementa el número de años en la cárcel para agresores que provoquen lesiones gravísimas, lesiones seguidas de muerte y lesiones culposas ocasionadas a personas adultas mayores. Rojas precisó que la ley también define los deberes de las familias, la sociedad y personas adultas mayores.
Beneficios
La ley busca garantizar el derecho a una vejez digna a través de:
- La Renta Universal de Vejez en el marco del Régimen No Contributivo del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
- Un desarrollo integral sin discriminación y sin violencia.
- La promoción de la libertad personal en todas sus formas.
- El acceso a vivienda de interés social.
- La provisión de alimentación suficiente que garantice condiciones de salud, priorizando a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
- La práctica de actividades recreativas y de ocupación social, otorgando para ello la infraestructura, el equipamiento y los recursos necesarios para su sostenibilidad.
- El desarrollo de condiciones de accesibilidad que les permitan utilizar la infraestructura y los servicios de las instituciones públicas, privadas, espacios públicos, medios y sistemas de comunicación, tecnología y transporte.
- El Ministerio de Justicia brindará asistencia jurídica preferencial a las personas adultas mayores, garantizando sus derechos y acceso a un buen trato. La medida legal les otorga beneficios de asistencia judicial en acceso a información y orientación legal, representación y patrocinio judicial. Además, el Ministerio de Justicia podrá coadyuvar en la mediación para la resolución de conflictos.
- La norma obliga al Ejecutivo a promocionar los derechos y garantías constitucionales establecidos a favor de la persona adulta mayor.
- Asimismo, garantizará la participación y control social y política de las personas adultas mayores en el marco de lo establecido en la Ley N° 341 de 05 de febrero de 2013 “Ley de Participación y Control Social”.
La norma crea el Consejo de Coordinación Sectorial como la instancia consultiva, de proposición y concertación entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas. Estará presidido por el Ministerio de Justicia, quien será el responsable de su convocatoria y la efectiva coordinación sectorial.
Al menos el 40 % de los mayores son víctimas de maltrato verbal y físico
Según datos del Defensor del Pueblo, las personas adultas mayores en Bolivia están en torno a las 740 mil y se prevé que para 2025 superen las 1,2 millones. Los mayores de 60 años constituyen el sector de sociedad que menos atenciones recibe y su abandono se patentiza en las estadísticas sobre las cuales trabajan algunas instituciones de asistencia.
Los abusos y maltratos verbales y físicos afectan al 40 % de las personas adultas mayores, según datos proporcionados por la Asociación Nacional del Adulto Mayor de Bolivia-Anambo. Estas denuncias son recibidas en las Unidades del Adulto Mayor u oficinas de la Dirección de Género y Asuntos Generacionales de las alcaldías.
La violencia presenta diferentes formas. Una de ellas es el maltrato en instancias públicas, desconsideración en el trato y en los medios de comunicación, donde sólo los muestran en situaciones de enfermedad. Asimismo, se evidencia la violencia contra los mayores en la familia y en hechos como el despojo de sus bienes, aislamiento del hogar. Se les aparta de las actividades familiares, los consideran como un objeto, no como seres humanos y sólo los buscan cuando quieren dinero. También se registra violencia del Estado, reflejada en la falta de cumplimiento de políticas públicas, falta de personal capacitado para la atención especial, falta de prevención en situaciones de abandono y maltratos administrativos en temas de jubilación.
Apenas el 34 % recibe una renta de jubilación
Sólo el 34 % de las personas mayores de 60 años recibe jubilación en Bolivia, según la Comisión Económica para América Latina-Cepal. Esta institución también señala que casi un millón de mayores percibe la Renta Dignidad, consistente en 200 bolivianos mensuales para los que carecen de jubilación y 150 bolivianos para los jubilados y derechohabientes. Esta asignación es insuficiente para la sobrevivencia y los mayores de 60 años requieren más apoyo, pues la ausencia de rentas profundiza su pobreza, según el análisis del sociólogo Martín Vila Loma. Además, la inseguridad de un ingreso fijo se suma la desprotección, “y pese a que el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM) brinda ayuda a los adultos mayores, hay falencias, por tanto, están expuestos a una serie de abusos”.
Ese promedio de adultos mayores que reciben pensión es un poco más bajo que en otros países de la región, donde el 40 % de la población mayor de 65 años cuenta con renta de jubilación. En el caso, por ejemplo, de Argentina un 89 % de su población está cubierta y en el caso de Costa Rica, el 65 % de los adultos mayores tiene renta de vejez. La cifra contrasta, asimismo, con las de los países desarrollados, donde un 75 % de los mayores de 60 recibiendo alguna pensión.
Según la Cepal el incremento de las personas de edad que no lograron ahorrar para obtener una jubilación, junto con la creciente relación de apoyo potencial, supondrá una carga cada vez mayor para la sociedad, con consecuencias para todas las generaciones. La Cepal recomienda que cualquier sistema de jubilaciones y pensiones debe ofrecer un nivel básico de ingresos a todas las personas de edad avanzada.
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