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Bogotá (Colombia), 30 de junio de 2014. Por Santiago Montenegro. Las políticas públicas en Colombia están dominadas por temas de muy corto plazo, cuando no por el día a día. Son pocos los analistas que, con cierta regularidad, discuten los problemas estructurales que afectan a mediano y largo plazo.

Por eso quiero resaltar un artículo en El Tiempo de ayer en el que Carlos F. Fernández analiza las consecuencias dramáticas del envejecimiento de la población en Colombia. El autor dice que, en 26 años, Colombia envejeció lo que a Francia le tomó 115 años. Muestra cómo, por las caídas en las tasas de mortalidad y de natalidad y el incremento de la esperanza de vida, hay cada vez menos niños y jóvenes y muchos más viejos. Esta transición demográfica ha ocurrido en todos los países del mundo y, en sí misma, no es grave. Lo grave, según Fernández, es que el país no está implementando políticas adecuadas para garantizar el bienestar de la creciente población de adultos mayores.

Aunque se ha avanzado en el cubrimiento de los riesgos de salud, deja mucho que desear en pensiones, en los niveles de educación, calidad de vida, cuidado del estado emocional y el estado general de capacidad de los ancianos. Con el paso del tiempo, estas condiciones tenderán a acentuarse y, en un par de décadas, Colombia corre el riesgo de tener millones de ancianos pobres y solos.

Este panorama es realmente preocupante, pero, a riesgo de ser calificado de fatalista, es aún peor que el cuadro presentado por el asesor médico de El Tiempo. La gravedad de la situación se ilustra cuando se combinan las cifras de la transición demográfica con las del mercado laboral y, en particular, con las de la informalidad laboral.

Paradójicamente, pese a lo avanzada de la transición demográfica, Colombia sigue siendo un país con muchas personas en edad de trabajar, quienes, en teoría, tendrían cómo financiar a los que no trabajan, en particular a los muy jóvenes y a los adultos mayores. Por ejemplo, la tasa de dependencia de los adultos mayores con relación a la población en edad de trabajar es de un 10 %, mientras en Japón, que es considerado ya un país de viejos, es de un 35 %. En esta situación, en Colombia habría 10 trabajadores por cada adulto mayor, mientras en Japón hay menos de tres.

El gravísimo problema de Colombia es que la mayoría de las personas en edad de trabajar son informales. Por ello, si consideramos sólo a los formales, los que cotizan a la seguridad social, dicha tasa de dependencia no es de un 10 %, sino superior al 50 %. O sea que, en lugar de 10, en realidad sólo hay dos trabajadores por cada adulto mayor.

Esta es una relación que habríamos de lograr en el año 2080, pero la tenemos ya, hoy en día, por cuenta de la informalidad laboral. Es como si la informalidad nos hubiese envejecido, pero con muy bajos niveles de renta y con una pésima distribución del ingreso.

Nuestros dirigentes políticos, sociales, religiosos y empresariales deben entender que, con altísimos niveles de informalidad como estos, jamás podremos ser un país moderno y que nos enfrentamos a un futuro aterrador. Por todas estas razones, combatir la informalidad debería ser una prioridad en la agenda de reformas de los próximos años.

Fuente: El Espectador

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