Para garantizar la protección y ejercicio de los derechos de las personas mayores se requiere un acuerdo universal vinculante

Ciudad de México, 6 de junio de 2014. A pesar de los esfuerzos realizados por algunas naciones, la aprobación de acuerdos y la presentación de planes no obligatorios se requiere un acuerdo universal vinculante, que garantice la protección y el ejercicio de todos los derechos de las personas mayores y su participación en la sociedad, urgió Alexandre Sidorenko, asesor principal del Centro Europeo de Políticas de Bienestar Social e Investigación de Viena, Austria.

Es un camino largo por transitar, reconoció al destacar la necesidad de presentar una imagen positiva de los adultos en su etapa de envejecimiento y de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la marginalización y la discriminación de ese sector de la población.

Durante su participación en la sesión vespertina del Segundo Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el especialista dictó la conferencia “Toma de conciencia, empoderamiento e igualdad en una sociedad que envejece”, en donde consideró, como aspecto fundamental, el cumplimiento de las necesidades y aspiraciones de los adultos mayores.

De acuerdo al Banco Mundial, manifestó, el empoderamiento es la capacidad para poder elegir y tomar decisiones libremente en la vejez, así como tener acceso a la información, como parte de un proceso de inclusión social.

Una definición similar quedó plasmada en el Plan de acción internacional de Madrid sobre envejecimiento. El documento propone que se trabaje hasta otorgar seguridad a las personas mayores, que sean tratados con dignidad y que su participación sea como ciudadanos con derechos plenos.

Argénida de Barrios (Secretaria Nacional de FIAPAM en Panamá) y Ruth Rivera Víquez (Secretaria General de FIAPAM) durante el desarrollo de las sesiones del II Foro

Subrayó que cada esfuerzo debe ir acompañado de medidas legislativas y de prevención de actos de violencia y abuso, en cualquiera de sus manifestaciones, en contra de las personas mayores, pero sobre todo una promoción positiva de la imagen de los adultos en proceso de envejecimiento.

Entre los derechos específicos de ese sector poblacional mencionó la asistencia social, la alimentación, la salud, los cuidados físicos, la salud física y moral, el trabajo, la recreación, la vivienda y el respeto, así como la independencia en el sentido amplio de la expresión.

Adicionalmente recomendó que los gobiernos difundan información sobre el proceso de envejecimiento, en especial porque la mayor parte de las personas tienen miedo de ser discriminadas al llegar a esa etapa de su vida.

En la mesa de debate sobre el tema, Martín Hopenhayn, director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), expresó que la toma de conciencia y el empoderamiento de los adultos mayores se traducirá en mejores niveles de inclusión social. La inclusión social debe comprender los principios de dignidad y autonomía, propuso al asegurar que los adultos mayores enfrentan situaciones de miseria y soledad que se traducen en círculos viciosos y en una falta de reconocimiento por parte de la sociedad.

Sin embargo, aclaró, estamos tratando de construir un nuevo paradigma sobre la vejez, basado en relaciones de cuidado y calidad, de atención oportuna y de reconocimiento a sus capacidades y experiencias.

El especialista manifestó que el aumento de la población de adultos mayores reclama un mayor presupuesto público destinado a la salud y a otros ámbitos, pero sobre todo requiere de la solidaridad intergeneracional, si se considera que las futuras generaciones enfrentarán situaciones similares o problemáticas.

Al hacer una serie de recomendaciones sobre políticas públicas en la toma de conciencia e inclusión social en una sociedad que envejece, Ferdous Ara Begum, especialista en Asuntos de Género de Blangladesh, felicitó al Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, porque ha puesto en marcha la pensión alimentaria universal y otros programas sociales que benefician directamente a las personas mayores.

En particular dijo que la pensión alimentaria representa un instrumento de combate a la pobreza y sugirió que el modelo aplicado en la Ciudad de México debe replicarse en otras latitudes.

En sesión de preguntas y respuestas, la especialista hizo énfasis en que la mujer adulta mayor debe participar en política y en la toma de decisiones públicas. “Debemos estar en el sitio del conductor, o sea estar en la promulgación de leyes para nuestro beneficio”, añadió.

El moderador Adolfo Savín, subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, hizo eco de las propuestas planteadas por los ponentes.

Resumió que ante el acelerado envejecimiento de la población de la capital se deben adoptar un conjunto de medidas preventivas que garanticen mejores condiciones de vida para el adulto mayor, si se considera que en el 2030 habrá más ancianos que niños.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal

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