Ciudad de México, 27 de enero de 2015. México vive una dinámica de envejecimiento acelerado de su población, y es obvio que se necesita hacer algo. La silenciosa pero rápida transición demográfica le está avisando a las autoridades que si no se desarrollan y ejecutan nuevas políticas públicas en varias esferas de la sociedad, se podría comprometer mucho más de lo que está el financiamiento de la seguridad social del país en el mediano y largo plazos.
El descenso de las tasas de moralidad y fecundidad ha alterado los patrones de envejecimiento en cuestión de años. El cambio brusco en la pirámide poblacional mexicana amenaza con pulverizar –si es que todavía no lo está haciendo– las previsiones actuales del gobierno federal, de tal manera que el desmedido crecimiento de la franja que comprende a los adultos mayores supone ser una bomba de tiempo para la economía si no se atienden las alertas.
Las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas pintan un escenario preocupante. A partir de 2020 más del 10% de los mexicanos tendrá una edad superior a los 65 años. En la actualidad, casi 7 millones de personas se encuentran en dicho rango, dentro de cinco años habrá 10 millones, y se estima que los “viejos” serán 23 millones en 2050.
Por su parte, la población económicamente activa irá en sentido inverso al crecimiento de los ancianos, como también en proporción se prevén muchos menos nacimientos en las próximas tres décadas.
El diagnóstico no sería tan dramático si el país estuviera en condiciones de amortiguar semejante contrapeso poblacional. Sin embargo, hoy México observa de reojo cómo este repunte de la vejez se da dentro de un contexto político, económico y social muy especial, con un desarrollo mucho más lento que el cambio demográfico, lo que implica serios inconvenientes para hacer frente a deficiencias –entre otras– como las del sector salud, por ejemplo.
Hay que tener en cuenta que cuando la población envejece se pasa básicamente de las enfermedades transmisibles (más controlables) a las crónico-degenerativas, cuyos tratamientos son más caros y requieren de mucha mayor inversión, ya sea de la persona o del propio Estado.
En tal sentido, todo este complejo panorama llama a una revisión de los planes y estrategias de gobierno. Para empezar, ajustar las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social-IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-ISSSTE sería un propósito sensato. Si en la actualidad ambos seguros se desangran y van camino a la autodestrucción, ¿qué sería del sistema de jubilaciones y pensiones en un futuro más demandante si las reglas no cambian?
Para hacerle frente a tamaño desbalance poblacional, hay quienes proponen aumentar las aportaciones, incrementar los años de cotización o reducir los beneficios de los trabajadores, medidas pocos populares y conflictivas para los sindicatos, pero que ayudarían a evitar poner en riesgo las reservas de seguridad social. Nadie puede ignorar que los beneficios que hoy contemplan las leyes de ambos institutos no se pueden honrar con las contribuciones actuales, y la brecha del déficit es cada vez más amplia.
El IMSS ha quedado envuelto y sin respuestas en esta transición demográfica, y salir de este atolladero le llevará mucho tiempo. Cuando se creó, en los años 40, tenía mucho más espalda para soportar al universo de trabajadores porque casi no había jubilados y todos estaban en edad de aportar. Ahora eso ya no es posible para el instituto. Son muchos los que están prendidos a esta gigantesca ubre y las reservas para garantizar el pago a las futuras generaciones están flaqueando.
El temor de no poder atender a un México más “viejo” también guarda una relación directa con los fantasmas de la informalidad y el desempleo. Sin aportes ni ahorros para el retiro, millones de mexicanos quedarán en el limbo cuando pisen la tercera edad.
Por lo tanto, si las políticas públicas no se fortalecen en torno a la vejez –urgen más programas de empleo para adultos mayores, infraestructura hospitalaria y amplios presupuestos para abastecer de medicina, entre otros detalles– este fenómeno social podría ser devastador para el país en menos tiempo de lo previsto.
Fuente: El Horizonte